La figura de los coordinadores contra el acoso escolar entrará en servicio a partir de septiembre de 2022

17 Marzo

17 Marzo 2022 por FEUSO | Actualidad

los datos de la UNESCO, uno de cada tres alumnos es intimidado por sus compañeros. La situación es tan preocupante que el Gobierno ha decretado que el próximo curso 2022-23, todos los centros educativos, ya sean públicos, privados o concertados, deberán contar con un coordinador de bienestar, que será la figura de referencia en los centros educativos a la que el alumnado podrá acudir en caso de que sean víctimas de violencia, desde el bullying al abuso, violencia o maltrato. Además, también se ha creado la figura del delegado de protección en las entidades deportivas y de ocio.

El cometido principal en ambos supuestos es ser las figuras de referencia para la prevención y protección frente a la violencia en el ámbito educativo y el ámbito del deporte y del ocio, respectivamente. Esta persona se encargará de que se implementen los planes y protocolos en el ámbito educativo, en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y comunicar las situaciones de riesgo.

Los números de acoso escolar continúan creciendo: solo entre marzo de 2020 y marzo de 2021 se denunciaron 6.229 casos de bullying, un 22% más que en el periodo anterior, tal y como indica el Informe del Observatorio para España de la ONG Bullying sin Fronteras. El panorama es tan desolador que en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebró el 15 de noviembre de 2021, y que reúne a las Comunidades Autónomas y al Ministerio de Derechos Sociales, se pactó una hoja de ruta para desplegar las medidas contenidas en la ley de protección de la infancia frente a la violencia, y se acordó la implantación de la figura del coordinador de bienestar infantil en los centros educativos y del delegado de protección en las entidades deportivas y de ocio.

¿De qué se encargará la figura de coordinador de bienestar?

Serán las Administraciones de cada territorio las que determinen las funciones que deba desempeñar dicho coordinador. También serán las que decidan si nombrarán coordinador o coordinadora a alguien de la plantilla ya existente o contratarán a un nuevo profesional para que ejerza esa función. 

Eso sí, tendrán que partir de los mínimos enumerados en la ley:

  • Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los menores, dirigidos tanto al personal -prioritariamente- como al alumnado, para detectar y responder a situaciones de violencia. También, en coordinación con el AMPA, se ofrecerá la formación a los padres y madres.
  • Coordinar los casos en los que se tenga que intervenir por parte de los servicios sociales, informando incluso a las autoridades en caso de considerarse necesario. 
  • Identificarse ante la comunidad educativa como referente principal para cualquier asunto que quieran comunicar sobre posibles casos de violencia en el centro. 
  • Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la cultura del buen trato a los mismos.
  • Impulsar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de resolución pacífica de conflictos.
  • Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma.
  • Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de especial vulnerabilidad o diversidad.
  • Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para los menores o que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos personales la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
  • Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva.

¿Y el delegado de protección?

Su función principal será la de velar también por el bienestar de los menores que acuden a centro, que en este caso es deportivo o de ocio. Será, en definitiva, una figura para que los niños, niñas y adolescentes "puedan acudir para expresar sus inquietudes", según reza la norma.

El delegado se encargará de la "difusión y el cumplimiento de los protocolos establecidos", así como de "iniciar las comunicaciones pertinentes" cuando detecte una situación de violencia sobre la infancia o la adolescencia.

¿Dónde estarán estas figuras?

El texto en el que se recogen los puntos consensuados con las Comunidades Autónomas establece que "todos" los centros educativos, sean públicos, privados o concertados, deberán contar con un coordinador de bienestar y protección. Además, estarán supervisados por el director del colegio.

En el caso del delegado o delegada de protección, deberán ser designados por todas aquellas entidades que realicen de forma habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad.

¿Cuándo se implementarán en los colegios?

El acuerdo con las Comunidades Autónomas establece que, tanto la figura de coordinador del bienestar infantil como la de delegado de protección, deberán encontrarse "plenamente operativas" en septiembre de 2022.

Previamente, en abril de 2022, la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia habrá hecho un análisis del grado de articulación y desarrollo de dichas figuras.

La importancia de la formación

En un principio, no se establecen unos requisitos específicos para el perfil de este profesional, pero sí que prima que sean docentes con una formación previa en materia de igualdad, convivencia, mediación y resolución de conflictos. El rol de este profesional debe estar centrado en la prevención e intervención ante cualquier situación que vaya en contra de la normal convivencia del centro.

En este sentido, el programa aprobado también contempla que, en el segundo cuatrimestre de 2022, la Conferencia Sectorial acordará las directrices y pautas generales del currículum de contenido formativo básico que contribuyan a la elaboración y desarrollo de la formación especializada, en materia de derechos fundamentales de la infancia, destinada a los profesionales cuya actividad requiera estar en contacto habitual con menores. Este programa deberá tener en cuenta la perspectiva de género.

Desde FEUSO, vamos a poner todos nuestros medios al alcance de afiliados/as y delegados/as para que dichos coordinadores dispongan de la formación necesaria para realizar su trabajo.

 

Imma Badia Camprubí

Secretaria de Acción Sindical

FEUSO.-

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