“Libertad, libertad, libertad” ha sido el grito más repetido en las manifestaciones celebradas en 50 ciudades españolas en las que han participado miles y miles de manifestantes que han salido a las calles para protestar por lo que consideran un atropello a sus libertades democráticas y educativas. La Ley Celaá es una ley partidista e ideológica que no aborda los problemas reales de la educación española. Su único objetivo es hacer más estatalista la educación y reducir de manera drástica la pluralidad de nuestro sistema educativo actual, basado en la complementariedad de los modelos público y concertado.
En Madrid, miles de vehículos colapsaron el Paseo de la Castellana entre las plazas de Cibeles y de Cuzco y las calles adyacentes. Y lo mismo sucedió en otras 50 ciudades. Aunque la Ley Celaá se aprobó el pasado 19 de noviembre en el Congreso de los Diputados, y ahora continúa su tramitación en el Senado, todavía hay tiempo para rectificar una Ley contraria a las libertades constitucionales y que, además, pone en peligro el futuro laboral de miles de trabajadores de la enseñanza concertada, de los centros de educación especial y del profesorado de religión que imparte clases en los centros públicos.
Al final de la Manifestación, los representantes de Mas Plurales leyeron un manifiesto en el que volvieron a pedir la retirada de una Ley que apuesta por una escuela única y pública y que elimina la pluralidad educativa. Como dice el manifiesto, “la pluralidad de la escuela de hoy es la base de la democracia de la sociedad de mañana”. Además, “instaremos a los grupos políticos a que interpongan recursos de inconstitucionalidad y presionaremos en las Comunidades Autónomas para disminuir al máximo los efectos de la aplicación de esta norma”, propiciando que se recurra la Ley “en tiempo y forma a las instituciones europeas en busca de amparo”.
Por todo ello, la Plataforma Más Plurales pide la retirada de la Ley Celaá porque es frontalmente contraria a la libertad de enseñanza y al principio de la complementariedad de redes que establece el artículo 27 de la Constitución.
En ningún momento, la LOMLOE, que se ha tramitado de espaldas a la comunidad educativa en plena pandemia por la COVID’19, ha buscado ni el diálogo ni el consenso, y mucho menos se ha buscado avanzar en un Pacto de Estado por la Educación.
Más información. Manifiesto 22 de Noviembre de la Plataforma Más Plurales.
