El nuevo curso escolar se inicia sometido a las mismas incógnitas con las que terminó el anterior en relación a la volatilidad del actual marco legal regido por una LOMCE denostada por todos y la dificultad para conseguir un Pacto Educativo y una nueva ley de educación que pudiera ser aceptada por todos. Las comparecencias públicas de la ministra Isabel Celaá en su breve mandato, en particular la de hoy ante la Comisión de Educación del Congreso, han levantado expectativas muy prometedoras y también algunas sospechas.
Coincidimos plenamente con la ministra en su voluntad de alcanzar una igualdad efectiva en la calidad y el acceso a la prestación del servicio educativo en todos los centros sostenidos con fondos públicos. Especialmente, en evitar cualquier exclusión social y en un reparto equitativo del alumnado, con normas equilibradas. El Gobierno tiene en los Presupuestos Generales del Estado 2019 una oportunidad de oro para elaborar unos módulos de concierto que permitan alcanzar, por fin, la gratuidad efectiva de las enseñanzas en los centros concertados, cubriendo los gastos reales del puesto escolar y con ratios profesor/aula iguales a los de la escuela pública. Esto debería hacer posible, como mínimo, el mismo salario y la misma jornada lectiva para el profesorado de todos los centros sostenidos con fondos públicos. También puede hacer avances significativos implantando la gratuidad de todos los servicios educativos complementarios en los centros concertados. Las exigencias tienen que ir en paralelo con la financiación de los medios y los recursos. El Consejo Escolar del Estado lleva varios años aprobando la recomendación de esta igualdad global (en obligaciones y recursos) en sus informes anuales.
Celebramos la derogación del RD14/2012 porque siempre hemos defendido que los recortes en educación eran un paso atrás en la calidad de la enseñanza de nuestro país y en los derechos laborales del profesorado. Nos preocupan, sin embargo, dos cosas. La primera, es que consideramos necesario arreglar los efectos generalizados de ese decreto con una norma de rango estatal que respete la autonomía y el autogobierno de las Comunidades. La segunda, es si esta derogación permitirá establecer mecanismos correctores para todos los centros sostenidos con fondos públicos que superen las actuales desigualdades laborales; por ejemplo, en relación a la jornada lectiva en los distintos ciclos: ¿por qué no se hace ahora un esfuerzo para superar de una vez la enorme diferencia en los periodos lectivos que imparten el profesorado de la concertada y de la pública?
Por último, la ministra Celaá defiende que los servicios públicos no pueden ofrecerse a la carta e insiste en una futura modificación del artículo 109 de la LOE-LOMCE para suprimir la demanda social como factor a considerar en la planificación escolar. Lamentamos no compartir este planteamiento, pues la educación es un servicio esencial que tiene una vinculación muy estrecha y directa con las familias, con su proyecto vital y con el derecho inviolable a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales, éticas o religiosas. Para dar satisfacción a este derecho humano fundamental sólo hay un camino: la pluralidad de las escuelas, la libertad de elección de centro, la libertad en la elección de una asignatura de Religión o su alternativa y que sean de verdad eso, asignaturas, con todos los efectos.
Solicitamos que exista un verdadero diálogo con el Ministerio para crecer en el consenso educativo, para acercar posiciones y progresar desde la cooperación evitando la imposición como forma de gobierno y se faciliten así las reformas y los cambios que el profesorado demanda.
FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO
Madrid, 4 de septiembre de 2018
