07 Octubre 2008 por FEUSO | Galicia

Una nueva cortina de humo acaba de lanzar la Administración educativa gallega para que no se hable de la calidad de enseñanza del sistema educativo en nuestra Comunidad, que es de lo que debería hablarse, y en concreto de las políticas educativas encaminadas a erradicar las preocupantes cifras de fracaso escolar que padecemos. En vez de afrontar los graves y serios problemas que tenemos en Galicia, el presidente de la Xunta se dedica a criticar aquellos centros educativos de nuestra Comunidad donde se imparte una enseñanza diferenciada, poniendo en peligro, además, los puestos de trabajo de los docentes y del Personal de Administración y Servicios que trabajan en estos centros.

Con estas desafortunadas declaraciones, el Presidente de la Xunta han venido a dar la razón al sindicato CIG en su campaña en contra de la concertación de estos colegios. Con una simplificación que asusta (y más en alguien que desempeña un cargo tan relevante), se ha dicho que estos centros son discriminatorios, juicio de valor que habría que demostrar y que, de un plumazo, viene a cargarse el trabajo educativo que desde hace muchos años vienen desarrollando estos centros educativos en Galicia, valorados por miles de familias que año tras año han elegido para sus hijos e hijas, libremente, este tipo de centros. Además, conviene recordar que son centros concertados desde el año 1985, cuando tras la LODE se crearon los conciertos.

Desde la Federación de Enseñanza de USO-Galicia exigimos más responsabilidad y más profesionalidad al señor Touriño. Una cosa son sus opiniones personales y otra bien distinta considerar que sus juicios están por encima de la legislación vigente. La enseñanza diferenciada es una opción pedagógica igual de válida que la coeducación, y como han afirmado numerosas sentencias nacionales e internacionales, en ningún momento se discrimina a nadie, ni mucho menos puede decirse que este modelo sea segregador. Como ha establecido el Tribunal Supremo, “la separación de sexos en las aulas no supone una segregación y, por tanto, es compatible con la financiación pública mediante el sistema de conciertos”.
 Además, como ha afirmado en numerosas ocasiones el profesor José Luis Martínez López-Muñiz, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid y experto en este tema desde una perspectiva jurídica, “no pueden utilizarse los conciertos para que el gobierno de turno imponga sus preferencias ideológicas o pedagógicas”. En este sentido, no existe ninguna norma internacional que prohíba la enseñanza diferenciada. Al contrario. Por ejemplo, el protocolo del 1º del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, que asegura el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo,  obliga a respetar el derecho de los padres a que la educación de sus hijos sea conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. La Convención de la UNESCO de 1960 ya dejó sentado además que, por el lado de la lucha contra las discriminaciones por razón del sexo, no podría justificarse esa exclusión de la enseñanza diferenciada por sexo.

No le vendría nada mal al señor Touriño que conociese la realidad educativa de estos centros, el trabajo educativo que desarrollan sus docentes y el servicio que prestan a la sociedad. Sembrar estériles polémicas sólo sirve para politizar más la educación, provocar divisiones y no enfrentarse con la realidad.

FEDERACIÓN DE ENSEÑANZA DE USO-Galicia
Vigo, 7 de octubre de 2008