20 Noviembre 2017 por FEUSO | Galicia

La Federación de Enseñanza de USO, junto con las demás organizaciones sindicales representativas del sector de la Enseñanza Concertada, ha mantenido estos días una serie de reuniones con los Grupos Parlamentarios de la Xunta de Galicia encaminadas a desbloquear una situación que se está volviendo insostenible. La falta de diálogo y, por consiguiente, de cualquier posibilidad de negociación colectiva por parte del Gobierno gallego es el detonante de ésta y otras futuras movilizaciones de este sector, maltratado y ninguneado repetidamente durante estos últimos años.

Nuestra principal preocupación y reivindicación reside en el artículo 53.2 de la Ley de Presupuestos Generales de la Xunta de Galicia y su disposición adicional novena. Ambas rezan de la siguiente manera:

Artículo 53.2: La Administración solo abonará las categorías funcionales directivas de director y jefe de estudios del centro, así como los trienios de estas dos categorías. No abonará ninguna otra categoría funcional directiva, y singularmente las denominadas jefaturas de departamento, aunque ello figurase expresamente recogido en el convenio colectivo vigente. En el año 2018 la Administración autonómica tampoco celebrará acuerdos ni dictará instrucciones o resoluciones para el abono de la paga extraordinaria por antigüedad en la empresa prevista en el VI Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.

Disposición adicional novena: En el ámbito de la enseñanza privada concertada se mantiene la suspensión del Acuerdo de 24 de abril de 2008 por el que se autoriza la firma del acuerdo entre la Consejería de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria, las organizaciones patronales y las organizaciones sindicales de la enseñanza privada concertada de la Comunidad Autónoma de Galicia sobre condiciones laborales y la calidad de la enseñanza, publicado mediante Resolución de 15 de mayo de 2008, en relación a lo establecido en la cláusula tercera sobre el incremento interanual del 2 por ciento en el complemento retributivo de la Comunidad Autónoma y el incremento de 45 euros brutos mensuales para todo el profesorado en pago delegado y jornada completa.

Este escudo legal ha propiciado que, desde 2012, no se pueda negociar ningún acuerdo, con la consecuencia de pérdida de derechos de facto. Todo ello unido a los recortes salariales consolidados, el inmovilismo a la hora de alcanzar un Acuerdo de Mantenimiento de Empleo y la nula utilidad de la Comisión Tripartita que se ha convertido en un mero telediario.

Todos los Grupos Parlamentarios de la oposición se han comprometido a presentar enmiendas a estos puntos del Proyecto de Ley de Presupuestos. Así nos lo han hecho saber el portavoz del PSdeG, Luis Manuel Álvarez Martínez; la diputada de En Marea, Luca Chao Pérez; y la portavoz del BNG, Olalla Rodil Fernández.

En otra reunión con los diputados César Fernández Gil y Moisés Blanco Paradelo, del Grupo Popular, hemos expuesto, una vez más, nuestra situación y pedido un cambio de actitud que ya llega tarde.

Transparencia, diálogo, negociación, apertura, honestidad. No pedimos más. Y mientras tanto, seguimos a la espera de que el señor Conselleiro, Román Rodríguez, nos dé audiencia.