15 Febrero 2021 por FEUSO | La Rioja

La Plataforma por la Libertad de Enseñanza de La Rioja ha denunciado en un comunicado el trato discriminatorio del Gobierno de La Rioja con la Enseñanza Concertada en diferentes temas, como la dotación de recursos materiales y humanos para combatir la COVID-19. Ahora, hay que sumar también el acoso en la tramitación del decreto que regulará el próximo proceso de escolarización que, como así ha sucedido con la Ley Celaá, se quiere hacer sin diálogo y sin consenso. Reproducimos el comunicado. 

Tras los últimos acontecimientos acaecidos en el terreno educativo y las diferentes declaraciones vertidas por el consejero de Educación del Gobierno de La Rioja y sus respectivos directores generales, las cinco entidades que formamos parte de la Plataforma por la Libertad de Enseñanza de La Rioja (Concapa, Escuelas Católicas, CECE, FSIE y USO) queremos poner de manifiesto lo siguiente:

1. Mientras La Rioja sigue manteniéndose tristemente en los primeros puestos de incidencia acumulada en COVID-19, es cierto que los centros educativos siguen siendo entornos seguros. Pero, al menos en lo que se refiere a la educación concertada, no lo son gracias al Gobierno de La Rioja, sino al esfuerzo de las titularidades de dichos centros y, sobre todo, a la dedicación de su personal: docente, auxiliar y directivo.
2. Equipos directivos, docentes y personal auxiliar trabajan sin descanso junto con las propias familias para garantizar que los escolares puedan acudir a un centro educativo seguro, duplicándose en sus tareas habituales para controlar, detectar y actuar contra el virus.
3. Los números acerca del refuerzo de plantillas para afrontar la crisis sanitaria hablan por sí solos: mientras que en un año la plantilla en la escuela pública se ha incrementado en 413 profesores, la escuela concertada ha recibido tan solo 7 profesores de apoyo.
4. En cuanto a los materiales de protección para los alumnos, han sido del todo insuficientes y, en estos momentos en que se están planteando medidas extraordinarias para contrarrestar la tercera ola en los centros educativos (medidores de CO2 y filtros de aire), la Consejería de Educación ha anunciado la adquisición de 178 medidores de CO2, pero solo para centros públicos. En algunos centros concertados han tenido que ser las propias familias quienes sufraguen el coste de adquirir estos materiales de protección.
5. Insistimos, y les recordamos al consejero de Educación y a la presidenta del Gobierno de La Rioja, que la escuela concertada forma parte igualmente del sistema educativo riojano. Por ello les pedimos que dejen de generar distancias entre una y otra, al mismo tiempo que les exigimos que cesen en su trato discriminatorio. En estos momentos, más que nunca, es necesario que todos caminemos a una para proteger la salud y la calidad en la educación de todos los alumnos riojanos, sin excepción.
6. Asimismo, la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja quiere poner de manifiesto las formas en las que este gobierno, y en concreto su Consejería de Educación, están llevando a cabo todas sus acciones: sin diálogo y sin consenso. Así lo demuestran con el borrador del nuevo decreto de escolarización, queriendo excluir a parte de la comunidad educativa de los órganos de control y restringiendo a su criterio la elección de centro por parte de las familias.
7. Mención expresa se merece lo que está pasando con el convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño para la enseñanza de religión católica. Un convenio roto de manera unilateral por la Consejería de Educación, dejando en el aire el derecho de todas las familias que deciden elegir esta asignatura.
8. Frente a todo ello les decimos, una vez más, que no vamos a cesar en nuestro empeño por defender una educación para todos, en igualdad de condiciones, como así lo recoge nuestra Constitución. Seguiremos acudiendo a los tribunales para hacer valer nuestros derechos y denunciar el trato discriminatorio, como venimos haciendo con éxito hasta la fecha. El clamor de las familias y del personal que forma parte de la enseñanza concertada nos da ánimos para seguir luchando en contra de este laboratorio de pruebas en que han convertido La Rioja. Un laboratorio donde se ponen a prueba las medidas ideológicas pactadas entre los partidos políticos que apuestan por el pensamiento único y que restringen las libertades más primarias de los ciudadanos.