La razón principal para establecer este día ha sido la de afianzar la protección y la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Si bien los instrumentos existentes de derechos humanos implícitamente reconocían los derechos de las personas con discapacidad, persistía su incumplimiento. Este tratado supone la consagración del enfoque de derechos de este colectivo y considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, mientras que el Estado está obligado a garantizar que el ejercicio de los mismos sea pleno y efectivo.
Para fortalecer este día, el Consejo de Ministros acordó establecer el día 3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. La Convención y su Protocolo Facultativo fueron aprobados por la Asamblea General de la ONU el 13 de diciembre de 2006. España la ratificó en 2007 y el 3 de mayo de 2008 entró en vigor, pasando a formar parte de su ordenamiento jurídico. Ambos son tratados internacionales que recogen los derechos de las personas con discapacidad, así como las obligaciones de los Estados parte de promover, proteger y asegurar esos derechos.
La Convención ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad, al quedar obligados los Estados ratificantes a adaptar su legislación interna a los principios y valores que la inspiran.
El objetivo es conmemorar y reconocer la importancia de este instrumento normativo internacional que ha supuesto un cambio de paradigma a la hora de abordar el fenómeno de la discapacidad. Este instrumento normativo internacional conlleva importantes consecuencias para las personas con discapacidad, entre las que destacan la «visibilidad» de este colectivo dentro del sistema de protección de derechos humanos de Naciones Unidas (ha sido definida como el primer Tratado de Derechos Humanos del siglo XXI), la asunción irreversible del fenómeno de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y el hecho de contar con una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer los derechos de estas personas.
La Convención, por tanto, no crea derechos humanos nuevos sino que recoge y especifica los derechos ya existentes (civiles, culturales, económicos, políticos y sociales), señalando una serie de medidas y pasos que deben adoptar los Estados signatarios y la sociedad para garantizar el goce efectivo de estas personas, en igualdad de condiciones con los demás, asegurando la aplicación del «principio de no discriminación».
La Federación de Enseñanza de USO se congratula de esta decisión del Consejo de Ministros porque la celebración de este Día Nacional ayudará a que este tratado sea más conocido y aplicado por todas las instancias e instituciones. Además, la Convención da respuesta a las reivindicaciones de las personas con discapacidad, que llevan tiempo reclamando que se protejan de una vez por todas sus derechos a todos los niveles y en todas las instancias.
