Como tristemente ya viene siendo habitual en el sector, son pocas las novedades que se han introducido en este Convenio, que estará vigente hasta 31 de diciembre de 2013, y las que se han metido no son precisamente para estar muy satisfechos de ellas.
Porque en realidad, la mayoría de las novedades que presenta el texto del convenio se limitan a adecuaciones a la legislación vigente o a la incorporación de cuestiones ya establecidas por las leyes, pero que no suponen ninguna mejora objetiva a las condiciones laborales de los trabajadores del sector derivadas de la negociación.
Y en lo que depende de la negociación, sus resultados se han limitado al establecimiento de retribuciones salariales para los tres primeros años -2010/2012- con unos incrementos del 0,8%; del 1% y del 1,5%, respectivamente, lo que supone una gran devaluación de los salarios.
No sólo no recuperan el nivel adquisitivo perdido en 2010 cuyo IPC fue de un 3%, sino que, dadas las previsiones de inflación para esos años, el valor de los salarios va a continuar disminuyendo.
Para agravar más la situación de los trabajadores, se modifica la cláusula de descuelgue existente hasta ahora, simplificando el procedimiento y facilitando su aplicación en los centros.
Como podemos observar, el VII convenio viene a dar otra vuelta de tuerca a las condiciones de los trabajadores, esta vez eliminando las cláusulas que garantizaban el poder adquisitivo de los salarios y facilitando el descuelgue de los mismos.
¿Ha mejorado la situación de los trabajadores de un sector, cuyas condiciones laborales son las peores y más precarias de entre los distintos convenios de la enseñanza privada? Es evidente que no.
Y lamentablemente en los últimos años están empeorando.