05 Mayo
05 Mayo 2020 por FEUSO | Actualidad
Estamos viviendo una etapa de total excepcionalidad, donde la sociedad está volcando todo su tiempo y energía en amortiguar los gravísimos efectos sanitarios, humanos, económicos y laborales que la pandemia del COVID-19 está provocando, también en el ámbito educativo. Sin embargo, en medio de esta crisis, el Ministerio de Educación, en vez de trabajar codo con codo con los trabajadores de la enseñanza para solucionar los problemas que van surgiendo, que no son pocos, está prefiriendo seguir adelante con los trámites parlamentarios de la nueva Ley de Educación. No parece que sea lo más oportuno. Ahora no toca. Así no.
El curso escolar 2019-20 es atípico y novedoso. Los centros están cerrados desde el pasado 14 de marzo. Cuestiones como la mera supervivencia de algunos sectores como la Educación Infantil 0 a 3 años, también la de muchos otros centros privados de enseñanza reglada y no reglada, la vorágine frenética de la formación online, el cierre final del curso, la evaluación y la promoción, el polémico retorno a las aulas durante la desescalada, la apertura del proceso de matriculación o la compleja planificación del curso 2020-21 que se avecina, centran el interés y la atención de toda la comunidad educativa. Demasiados temas importantes y graves en primera línea de actualidad.
Entre tanto, Ministerio de Educación y Formación Profesional sigue adelante con el trámite parlamentario para intentar aprobar la nueva Ley de Educación (LOMLOE) que, como todas las anteriores, no cuenta con el consenso general de la comunidad educativa, y como suele suceder con este tipo de leyes en toda su serie histórica, son objeto de una importante polémica social y política dada su fuerte carga ideológica. En este caso, de manera especial, pues el Gobierno no ha disimulado la prisa que tiene en concluir con éxito su aprobación.
El Proyecto de Ley no ha pasado por el Consejo Escolar. “No hacía falta”, según el Ministerio, porque dicen que es el mismo que el presentado en febrero del año pasado, justo cuando se convocaron las elecciones generales. Algunos pensamos, de manera contraria y por mera salud democrática, que sí que hubiera sido necesario y aconsejable tramitarlo nuevamente como Anteproyecto de Ley. En esta ocasión, con total seguridad, habría superado ampliamente las 551 enmiendas que se hicieron en el Pleno del pasado 8 de enero de 2019, e incluso se habrían presentado más informes alternativos (sólo hubo uno en aquel Pleno, el de la Federación de Enseñanza de USO). Pero no habrá ocasión de saberlo, porque se le hurtó a la comunidad educativa la oportunidad democrática de abrir un segundo debate con el truco de la carencia del Proyecto de Ley. Feo asunto.
El Proyecto de Ley de la LOMLOE tampoco ha pasado por el Consejo de Estado, cuyo dictamen ha sido omitido por la obsesión del Gobierno de “ganar tiempo”. No es preceptivo, pero es la única ley orgánica de educación, hasta la fecha, que se salta este control democrático que, por cierto, suele hacer un dictamen bastante acertado y ponderado. Lo echamos de menos.
Y llega el estado de alarma, el primero de esta naturaleza y con esta duración en nuestra democracia. La crisis sanitaria del Covid-19 arrasa con todo, literalmente. El mes de marzo y abril, todo el país queda confinado en sus domicilios durante más de 50 días ya, con la inseguridad añadida de que la desescalada se paralice y pueda retornar otro nuevo confinamiento si la evolución de la pandemia lo exige. Demasiadas incertidumbres.
El estado de alarma sigue vigente. El presidente Sánchez ha anunciado su voluntad de mantenerlo durante todas las fases de la desescalada, es decir, hasta final de junio. Es una situación excepcional que limita severamente los derechos civiles y las libertades de los ciudadanos. Están restringidas la movilidad, o el derecho de reunión y por supuesto el de manifestación. Los efectos psicológicos y físicos de un periodo de confinamiento tan largo sobre la población son importantes, no podemos negarlos y tardaremos meses en conocerlos. La problemática educativa es una más entre las muchas que agobian a la población; en primer lugar la salud, pero también el trabajo, las cuarentenas y aislamientos que complican aún más la realidad diaria de muchos hogares, la angustia y la tristeza que existe en muchos de ellos, la fuerte desazón por el futuro inmediato, el caos durante las primeras semanas de la declaración del estado de alarma o el padecimiento social por el elevado numero de contagios, enfermos y fallecimientos de seres queridos (superamos ampliamente los 25.000) Demasiadas emociones fuertes para digerirlas en tan poco tiempo.
El Congreso de los Diputados no puede ser ajeno a las circunstancias tan graves por las que atraviesa el país. Es deseable que recupere su normal funcionamiento cuanto antes, pero debe hacerlo armonizando la labor legislativa de las iniciativas en trámite con la urgencia social y con las prioridades del país. La LOMLOE, aunque el gobierno tenga mucha prisa por aprobarla, no es en este contexto una prioridad, ni para el país ni para la comunidad educativa. Es más, insistir en su tramitación durante los meses finales del presente curso escolar y coincidiendo con los meses iniciales del próximo, va a generar más problemas que soluciones a los que ya tenemos planteados. No es conveniente distraer esfuerzos, ni tampoco tiempo ni energía de los temas fundamentales que tenemos entre manos, que son todos los que va a exigir la adaptación inevitable a la “nueva normalidad” proclamada por el Gobierno y que afectan a más de 8.000.000 de alumnos y 28.000 centros educativos de nivel no universitario. El mes de septiembre está ahí al lado.
Desde la Federación de Enseñanza de USO pedimos al Ministerio de Educación una nueva reflexión sobre la oportunidad de tramitar en estos momentos la LOMLOE. El Gobierno no deja de pedir en todas sus intervenciones unidad a todos los españoles, porque sólo una sociedad unida puede afrontar con éxito una desgracia de la magnitud que nos ha sobrevenido y que requiere también de todas nuestras fuerzas y capacidades unidas para superar en el menor tiempo posible sus terribles efectos. Compartimos el análisis. Nadie debería pensar que el Ministerio pretende aprovechar la confusión y la excepcionalidad que vivimos para impulsar una nueva Ley de Educación, porque avivaría de manera inoportuna el conflicto en la comunidad educativa, crearía mayor desconfianza en las autoridades y dañaría el consenso general que todos necesitamos para superar esta grave crisis.
La Federación de Enseñanza de USO advierte que seguimos inmersos en la nebulosa de Covid-19 y que, hasta que no se levante el Estado de Alarma, no será posible recobrar poco a poco la normalidad institucional, también en el Congreso de los Diputados. El día 4 de mayo, una gran concentración convocada en Twitter por miles de personas llegó a ser Trending Topic reclamando más de 100.000 veces: #StopLeyCelaá. La LOMLOE puede esperar.
