Concepción Iniesta, secretaria general de la Federación de Enseñanza de USO- Madrid , intervino el pasado 17 de mayo como ponente en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid para analizar el estado de la enseñanza en la Comunidad. Durante su intervención, señaló la nula valoración social de su labor que perciben los docentes, que “ven cómo falta respeto hacia su trabajo, carecen de instrumentos para ejercer la autoridad en las aulas y están siendo sometidos a un acoso continuo”.
También denunció el sobreesfuerzo que, paradójicamente, les exige la sociedad, “pidiéndoles que sean los responsables de toda la educación de los niños y jóvenes en valores, en educación moral, afectiva... y que, además, cumplan con el currículum didáctico”. Todo esto es imposible si se mantiene la actual ratio profesor/alumno, que deja bastante que desear, sobre todo en la enseñanza concertada, donde es de 1,2 en primaria y 1,4 en secundaria (frente a los 1,5 y 2,5 respectivamente en la red pública).
En su intervención, destacó la diferencia entre el derecho a la educación y a la escolarización, pues el primero debe entenderse como un servicio esencial y de interés público, que nada tiene que ver con el mero hecho de ocupar una plaza escolar, por lo que los padres tienen derecho a elegir el tipo de educación que recibirán sus hijos. Ante esto, la USO defiende la complementariedad de la red pública y concertada para que tal derecho pueda ser eficazmente ejercido.
Después de su intervención, diputados de la Asamblea de Madrid hicieron algunas preguntas relacionadas sobre todo con los conciertos educativos, el decreto de admisión de alumnos y la prueba de nivel de primaria. Sobre esta última cuestión, la USO manifestó su apoyo a una prueba de evaluación que debe ser un instrumento al servicio de la mejora de la calidad del sistema y que sirva para detectar necesidades y reforzar los puntos más débiles de los alumnos de primero de la ESO. Sobre el decreto de admisión de alumnos, trasladó a los diputados el malestar que genera la reserva de plazas, pues lo que en principio era una medida correctora está generando rechazo en la sociedad. Asimismo, pidió al Gobierno de la Comunidad de Madrid que modifique el decreto para que contemple la demanda de los padres, huya de la ventanilla única y dote de medios humanos y económicos a aquellos centros, públicos y privados, que atiendan a alumnos con especiales dificultades.
