Con dicha equiparación, además de cumplir con dicha Ley, se terminaría con muchos años de reivindicaciones, movilizaciones, huelgas y demás escaramuzas que no hacen más que perpetuar un malestar de toda una comunidad educativa que, por un lado, sufre una injusta discriminación laboral respecto a horario, número de alumnos por aula, atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, remuneración económica, incentivación para la formación continua, menosprecio social y un largo etcétera en el caso de los trabajadores de la enseñanza concertada; y por otro, ve desbordada su capacidad de integrar el gran número de alumnos inmigrantes por aula, la escolarización a destiempo de alumnos a curso iniciado, debido a que la mayoría de padres eligen en primera opción a los centros concertados quedando sobreocupados éstos y semivacíos los públicos, más susceptibles de ser “rellenados” con alumnos inmigrantes (a modo de goteo continuo), cambio continuo de plantillas, interinos con poca estabilidad laboral, profesores de religión denostados e infravalorados y otro no menos largo etcétera en el caso de los trabajadores de la enseñanza pública.
Es necesario que en el futuro Pacto por la Educación ambas redes de enseñanza sean consideradas complementarias, para que entre las dos puedan abarcar todas las necesidades que reclaman los alumnos de nuestra comunidad, así como de todas las comunidades, limando asperezas absurdas y atajando el problema real que no es otro que el de la formación de futuras generaciones de alumnos para que éstos puedan afrontar con una excelente, que no mediocre, competencia su ingreso en el mundo laboral, marcado ahora por una idiosincrasia globalizada en un marco europeo de inicio, pero que desemboca inevitablemente en una interacción cultural internacional para la que ahora mismo no estamos aún preparados.
