El anuncio de la Consejería de Educación figura ya negro sobre blanco, escrito en el acta de la comisión de la Asamblea de Extremadura del lunes pasado. Los alumnos de ESO en la concertada recibirán también portátiles para su uso en el aula.
La polémica no ha tardado en el bando sindical. El colectivo de trabajadores STE-Ex hizo público ayer su más «enérgico rechazo» a la posibilidad de que la Consejería haga extensivo el reparto de ordenadores entre centros privados.
Adrián Vivas, secretario regional de CSI-CSIF Enseñanza, es claro, primero la pública y luego si acaso la privada. Partiendo de que en esta cuestión la Consejería «por la mañana dice una cosa y por la tarde otra», ese sindicato apuesta por lo público «y una vez que haya todo lo necesario, si sobra que vaya a la concertada».
No a una red «paralela»
La concertada es en opinión de Vivas complementaria, debe llegar a donde no llega la pública, «pero no crear una red paralela que es lo que quieren consolidar, claro yo entiendo que son empresarios privados y quieren ganar dinero».
La política de conciertos es la contraria a la lógica, sostiene Vivas, están suprimiéndose unidades en la pública y aumentando en la privada; antes sobraban matrículas en la pública y era lógico, pero ahora con la reducción de la natalidad eso no ocurre, «estamos pagando a profesores en la pública reduciéndoles alumnos».
Todos los recursos para la pública, «y si sobra dinero, u ordenadores, que vayan a la concertada».
Cuando cruzamos la acera y se pregunta al sindicato mayoritario en la privada, Unión Sindical Obrera (USO), la posición es como la noche y el día.
«Todos los centros, unos y otros, están sostenidos con fondos públicos; el padre de un alumno de la concertada contribuye en la misma medida con sus impuestos, así que no es justo que a él y a sus hijos les discriminen», defiende Guillermo Sanabria, secretario regional de enseñanza en USO.
La Constitución contempla ambos tipos de centros y reconoce el mismo derecho. «Unos alumnos no pueden tener menos que otros». Sanabria acusa a CC OO y UGT de discursos distintos ante profesores de la pública o de la privada.
Quien no está dispuesto a dejar pasar una más es Iván Hodar, secretario regional de la federación Escuelas Católicas, resuelta a ir a los tribunales si hace falta, como ha hecho con el programa Linguaex que subvenciona estancias para idiomas en el extranjero sólo para alumnos de la pública extremeña y está recurrido en el Tribunal Superior de Extremadura.
«Los portátiles vienen con dinero del Ministerio para todos los centros sostenidos con fondos públicos». La enseñanza según la Constitución es gratuita, «las empresas privadas acudimos al régimen de conciertos, y los alumnos al mismo proceso de escolarización, algunos acaban yendo a la concertada porque no hay plaza en la pública, por qué se les va a castigar a estos también».
Pese a todo Escuelas Católicas «no va a crear polémica» ni a «ir contra nadie, es absurdo pegarnos entre nosotros cuando lo que debemos es estar unidos para mejorar la enseñanza».
El sindicato PIDE exige que primero se dote a todas las aulas públicas y luego a las privadas, y sostiene que hacen falta más profesores que portátiles.
CC OO razona que si se pide igualdad será para todo, también para que la contratación del profesorado en la privada sea con criterios objetivos, y el proceso de admisión de alumnos equilibrado.
ANPE es el único sindicato que no pone pegas a la informatización de las aulas privadas; la asociación Adecex se queja de que los docentes concertados no estén recibiendo ordenadores.
