El Borrador enviado al Consejo era un refrito de la LOE con algunas guindas propias de nuestra Administración Educativa. A la LOE ya votamos en contra y a ésta intentamos reflexionar sobre los puntos que dejaba de la LOE y los que incorporaba nuevos, y vimos que era más de lo mismo.
Durante el plenario se presentó un informe alternativo que instaba a devolver a la Administración educativa este borrador, que fue aceptado por el 30% de los miembros, entre los que se encontraba nuestro sindicato. No se aceptó y se siguió el proceso de dictamen sobre el borrador original.
En el transcurso de las distintas sesiones que han llevado al Dictamen final, observamos que las enmiendas propuestas por nuestro sindicato eran rechazadas sin contemplaciones. Las enmiendas iban encaminados a solucionar de raíz las graves deficiencias de esta Ley: garantizar la complementariedad entre las redes pública y privada; dotar al profesorado de herramientas para poder desarrollar su papel con mayor profesionalidad (devolverle la autoridad que la sociedad le ha ido quitando); y superar los prejuicios ideológicos que tiene esta Ley.
Pero no sólo se rechazaban aportaciones que ayudaban al consenso sino que se aceptaban enmiendas que llevaban a la idea de que estaba imperando la visión ideológica sobre la visión de una Ley de todos y para todos. La aceptación de la enseñanza como servicio público sin ir al detalle de lo que significa tal palabra puede originar problemas jurídicos serios de interpretación en los centros educativos privados. El incluir en este dictamen una observación general sobre la importancia que tiene el velar por la no discriminación sobre la orientación sexual de toda la comunidad educativa da luces de cuál es la prioridad de nuestra administración educativa. La Ley pretende ser muy exhaustiva, pero se convierte en un laberinto, muchas veces contradictorio. Algunas cuestiones se muestran reiterativas en varios apartados con significados divergentes.
Como consecuencia de lo anterior, el Dictamen que se ha aprobado es una amalgama de propuestas ideales sobre lo que debe ser la educación, propuestas muy alejadas de la realidad y muy sectarias.
La Federación de Enseñanza incide en la necesidad de iniciar un consenso que evite las cuestiones ideológicas, que pueda ser respetada por todos y que conduzca a la mejora de la calidad de enseñanza como bien común. Los puntos sobre los que hay que buscar las bases se apoyan en que sea un sistema que exprese con claridad las obligaciones sociales y ciudadanas respecto a la educación (se deben recoger en la Ley palabras como trabajo, esfuerzo, superación y estudio), especialmente de los padres y alumnos; debe reconocer al profesorado como autoridad pública en el ejercicio de su función; y debe promover, por último, una educación de calidad que garantice la equidad y el principio de libertad.
