24 Mayo
24 Mayo 2021 por FEUSO | Actualidad
El Gobierno ha presentado su “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” que contiene, con relación a educación, una serie de medidas para la modernización y digitalización del sistema educativo, incluida la educación temprana de 0-3 años. El documento contempla inversiones por una cantidad de 4.687 millones euros en los próximos años para su aplicación. Este documento tampoco ha sido consultado, debatido ni negociado con las organizaciones representativas de la comunidad educativa, al menos del sector de la enseñanza concertada.
La Plataforma Más Plurales considera que la redacción dada al texto no garantiza en ningún momento que las acciones e inversiones que se van a efectuar acaben siendo aplicadas proporcionalmente y con los mismos criterios a todos los centros sostenidos con fondos públicos.
No queda claro en el documento si medidas como los Programas PROA, la creación de unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar del alumnado educativamente vulnerable, o la incorporación de psicólogos, logopedas, rehabilitadores y asistentes de enseñanza para la atención de alumnado con discapacidad, van a ser aplicadas al sector de la enseñanza concertada. Todo indica, de nuevo, que esta posibilidad quedará en manos de la decisión política del gobierno autonómico de turno.
Más Plurales considera discriminatoria y excluyente la decisión de crear hasta el año 2024 unas 65.000 plazas escolares de 1 y 2 años exclusivamente en centros de titularidad pública con una inversión de 670 millones de euros. Llama la atención que se pretenda crear este ingente número de plazas en un momento de fuerte bajada de la natalidad en nuestro país. El propio gobierno presentó ayer su INFORME 2050 en el que señala que en los próximos años, la escuela perderá 800.000 estudiantes y se tendrán que cerrar 33.000 aulas.
Asimismo, el gobierno no prevé financiación para la formalización de convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro tal y como permite la vigente ley de educación. De esta forma, el gobierno pone en serio riesgo de continuidad y viabilidad a miles de centros de educación infantil que desde hace décadas vienen prestando este servicio a la sociedad. Con esta medida, decenas de miles de profesionales, en su mayoría mujeres, perderán de forma progresiva sus puestos de trabajo en un sector y miles de familias no tendrán capacidad de elección de la educación que desean para sus hijos, por motivos económicos, perjudicando a las clases más desfavorecidas.
Más Plurales insiste en la necesidad de dialogar y acordar todas las medidas que repercuten en el sector, desde el convencimiento de que es posible mejorar el sistema educativo sin excluir a nadie y respetando a las instituciones, profesionales, familias y alumnado que están en él.
