21 Febrero
21 Febrero 2024 por FEUSO | Actualidad
La Federación de Enseñanza de USO denuncia la pretensión de la Ministra de Trabajo y Economía Social de incrementar al 21% la tributación que realiza la enseñanza privada a Hacienda. Para FEUSO, si esta intención, claramente electoralista y populista, saliese adelante supondría un nuevo ataque fiscal a las familias, a las que en vez de ayudarlas con medidas que atenúen la situación precaria que padecen, ven cómo se multiplican sus impuestos y las ya demasiadas cargas fiscales. Esta medida, totalmente innecesaria, puede provocar, además, de manera directa el cierre de aulas y de centros y, por consiguiente, el ingreso en el paro de miles de trabajadores y trabajadoras.
Desde FEUSO, rechazamos de manera contundente esta medida por el ataque que supone a las familias que eligen el modelo privado en la educación, quienes pagan impuestos como todos los demás ciudadanos y apenas tienen beneficios fiscales. Y rechazamos también esta medida porque pone en peligro, innecesariamente, no solo el futuro laboral de miles de trabajadores que desempeñan su trabajo en estos centros, contribuyendo a mejorar la calidad de enseñanza y la formación de los alumnos, sino también, por la pérdida de financiación de las empresas, que va a afectar a las mejoras profesionales y sociales que los sindicatos podamos conseguir en las negociaciones de los próximos convenios colectivos de estos trabajadores y trabajadoras. Sus condiciones laborales son muy mejorables.
Por otra parte, como ya han advertido algunas instituciones, como la propia AIREF, esta medida no supondrá en la práctica un incremento en los ingresos de las arcas públicas por el trasvase de alumnado a la escuela pública, que tiene, como todos sabemos, unos costes sensiblemente más altos.
FEUSO denuncia, pues, que esta pretensión recaudatoria supone un nuevo ataque a la libertad de las familias y un paso más hacia la escuela única y pública, pretensión totalitaria que va en contra de la pluralidad de la oferta educativa de nuestro país. No parece que sea el momento para jugar con el futuro de los trabajadores y con los bolsillos de las familias.