29 Octubre
29 Octubre 2024 por FEUSO | Actualidad
La Federación de Enseñanza de USO Illes Balears se ha reunido el 28 de octubre con el Conseller de Educación y Universidades para reclamar, entre otras cuestiones laborales, que se aplique la recuperación salarial de 2020 y 2021 para la enseñanza concertada y reivindicar la plena equiparación con los homólogos de la pública.
El Conseller Vera ha trasladado a USO que ve factible la negociación del pago de dichos atrasos tal y como se hará con los docentes de la pública.
Conviene recordar que una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares estimó de forma parcial una demanda de la que el sindicato USO interpuso otra en la misma línea contra la Administración autonómica en materia retributiva. Se trata de la decisión del gobierno del “Pacto de Progreso” de 2020 y 2021 de no aplicar a la Enseñanza Concertada a subida retributiva establecida por el Estado (en total del 2,9 %). Esta sentencia afecta directamente a los más de 3.500 docentes de la enseñanza concertada.
En su momento, desde USO lamentamos que sólo fue la Administración autonómica la que aplicó esta medida regresiva para su personal, incluyendo al personal docente en pago delegado de la enseñanza concertada, y solicitamos la aplicación de esta recuperación salarial en base a lo dispuesto en el apartado 1 del pacto cuarto del Acuerdo de 2016 y el punto Segundo del acuerdo Marco (2023-2027), a efectos de alcanzar el compromiso de gradual equiparación de la remuneración del personal docente concertado con la del personal docente de la pública hasta llegar al 100%, tal y como marcan las diferentes leyes educativas.
En la reunión, el Conseller Vera nos ha trasladado que ve factible la negociación del pago de dichos atrasos tal y como se hará a los homólogos de la pública.
Desde USO también hemos trasladado al Conseller la necesidad de conseguir que ambas redes sostenidas con fondos públicos disfruten de condiciones similares tanto en la financiación como en la retribución económica y las prestaciones sociolaborales de sus trabajadores. Pensamos que después del proceso de estabilización, del que tantos compañeros se han beneficiado, ya no tiene lugar el antiguo argumento de que los docentes de Concertada no habíamos superado un examen de oposición. Por otro lado, las dificultades, cada vez más, implican una mayor atención a la creciente diversidad en nuestras aulas y se hace imprescindible avanzar en la disminución de las ratios en todos los niveles de la enseñanza.
Actualmente, el personal docente de los centros realiza una jornada lectiva superior a los homólogos de la red pública. Debemos avanzar en la igualdad del horario lectivo y la posibilidad de reducción de carga lectiva tal y como está estipulado en los centros públicos. Por ello, resulta necesario avanzar e invertir en el incremento de plantillas en los centros concertados para hacer viable la progresiva reducción de la jornada lectiva.
Otro puntos importantes que abordamos en la reunión fueron la disminución de la carga burocrática que repercute negativamente en el tiempo de dedicación de calidad hacia nuestro alumnado; la actualización y cobro del valor íntegro de los sexenios, igualándonos al personal de pública; la reducción de la jornada a partir de los 55 años; la jubilación a los 60 años, el pago del complemento autonómico ligado a los sexenios; la posibilidad de reducción de jornada hasta un 50% por interés particular, por curso escolar completo; y la posibilidad de reducción hasta el 50% por razones de salud o de edad (55 años), con la consiguiente reducción salarial.
Por otra parte, también solicitamos la inclusión de todo el personal de Administración y Servicios en pago delegado.
Por último, recordamos a la Administración la necesidad de aumentar las plantillas del personal de apoyo (AD, PT y AL...) y la justa equiparación de las condiciones laborales del personal ATE, dada la precariedad económica y la inestabilidad que sufren: el permiso por muerte de un familiar, por cambio de residencia, presentando el nuevo certificado de empadronamiento, la creación de un cuerpo único de docentes, sin diferenciación de sueldo entre agregados y titulares, entre otras reivindicaciones.