13 Septiembre
13 Septiembre 2016 por FEUSO | Actualidad
Se inicia un nuevo curso escolar, el 2016-2017, y lo hace atrapado en los mismos dilemas e incógnitas que despidieron al anterior. La implantación final de la LOMCE y el “Pacto educativo” son sus principales claves interpretativas. Estamos en un momento político inédito. En lo referente a educación, todos los políticos invocan continuamente el Pacto escolar en una letanía aburrida y vacua, pero sus discursos se reducen al manoseado no absoluto a la LOMCE de las izquierdas y los partidos nacionalistas y el sí, pero con reformas y matices muy imprecisos del propio Partido Popular y Ciudadanos. Si algo tienen claro los ciudadanos y los profesionales de la enseñanza son los vetos y las fobias de los principales partidos políticos.
Mientras tanto, se sigue gobernando y se toman decisiones en las Comunidades Autónomas. Y aquí no es posible ninguna forma de camuflaje, porque los hechos son observables y sus consecuencias muy visibles.
Por un lado, hay que contar con la férrea oposición de doce Comunidades Autónomas a la aplicación de la LOMCE y, particularmente, a las pruebas finales de ESO y Bachillerato. Es bastante probable que se nieguen a ponerlas en marcha, con los problemas que puede acarrear. Pero las medidas que están adoptando en otras materias han incendiado innecesariamente el patio educativo en dos direcciones, las mismas en todas las Comunidades Autónomas: los conciertos educativos y la asignatura de Religión. Lamentablemente, las decisiones en estos temas están produciendo ya daños humanos y laborales irreparables, destruyendo derechos, empleo, pluralidad educativa y libertades de la sociedad civil.
Por ejemplo, el profesorado de la asignatura de Religión en la escuela pública se enfrenta en algunas Comunidades Autónomas (Illes Balears, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias…) a reducciones de plantillas y de jornada salvajes, atropellando sus carreras docentes, sus expectativas laborales y económicas, y condenándolos a una agonía permanente para saber quién y en qué condiciones puede seguir impartiendo clase cada nuevo curso escolar. La demanda de las familias, sin embargo, sigue ahí, creciendo incluso en el Bachillerato, año tras año. No olvidemos que esta asignatura es de oferta obligada por los centros y de libre elección por los padres.
Del mismo modo, se multiplican y enconan los enfrentamientos de los trabajadores y los centros concertados con las Administraciones progresistas, como es el caso sangrante de la Comunidad Valenciana. La concertada está siempre amenazada por la espada de Damocles de la financiación pública, continuamente insuficiente, y a cuyo acceso se ponen toda suerte de trampas y cortapisas jugando sin ningún disimulo a la contra, siguiendo una estrategia clara de empobrecer y reducir el sector educativo concertado, tanto en su oferta de plazas educativas como en los derechos laborales y económicos de sus docentes.
Menos concertada y más enseñanza pública y laica es la vetusta monodia educativa que imponen los jóvenes y modernos talentos de la nueva izquierda cuando pueden decidir con un boletín oficial dónde se gastan los impuestos de todos los contribuyentes, haciendo caso omiso de la voluntad libremente expresada por esos mismos ciudadanos, año tras año en los procesos de matriculación del alumnado, que siguen eligiendo masivamente la escuela concertada y la asignatura de Religión para sus hijos. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Progresamos, sí, pero hacia atrás.
