Entrevista a Manuel de Castro, Secretario General de Escuelas Católicas

24 Febrero

24 Febrero 2009 por FEUSO | Noticias

En el último número de la Revista de FEUSO, publicamos una entrevista con Manuel de Castro, Secretario General de Escuelas Católicas. En ella se repasa la actualidad educativa, se habla de la creación del Observatorio para la no discriminación del alumnado y, también, de las negociaciones del próximo VI Convenio de Enseñanza Concertada.

Un 20% del alumnado español asiste a centros vinculados a Escuelas Católicas. Se trata de un porcentaje importante, que explica el peso que Escuelas Católicas tiene en el conjunto de la educación. Su experiencia y su prestigio son bastante bien acogidos por la sociedad española, que tiene en alta consideración la calidad que se imparte en estos centros, como se puede apreciar en el elevado número de padres y madres que elijen para sus hijos este modelo de enseñanza. Sin embargo, alcanzar este prestigio no ha sido ni es fácil. Escuelas Católicas tiene que soportar como todos los años determinados colectivos educativos cuestionan su tarea educativa y social. Y no sólo eso: la enseñanza concertada sufre de manera habitual una serie de discriminaciones que afectan a los alumnos, a los profesores, a los centros y a los padres y madres de alumnos.

Para hablar de todas estas cuestiones hemos entrevistado al Secretario General de Escuelas Católicas, Manuel de Castro, la persona que mejor nos puede explicar la realidad de esta situación. Como nos dice a lo largo de la entrevista, “el hecho de que un padre prefiera educar a sus hijos según el ideario de los centros católicos no puede ser excusa para discriminarle en ningún sentido, pues todos pagamos los mismos impuestos y debemos  recibir los mismos servicios del Estado y de las Administraciones educativas”.

¿Nos puede hacer un breve resumen de las motivaciones que han impulsado a Escuelas Católicas a llevar a cabo este estudio?

Ante todo la percepción cada vez más generalizada de que, a pesar de nuestro buen hacer en las escuelas, quienes deciden educarse en nuestros centros están siendo tratados como alumnos de segunda, a los que se les priva, sin justificación alguna, de muchas de las ayudas y recursos que poseen los alumnos de la pública. No es nada nuevo, pero últimamente han ido en aumento y esto no lo puede tolerar una sociedad que cada vez más es especialmente sensible a cualquier tipo de discriminación.

Entre las propuestas de este estudio figura la creación de un Observatorio para la no discriminación del alumnado. ¿Sale perjudicada la Enseñanza Concertada en estas discriminaciones?

Desde luego. Nosotros no demandamos privilegios ni condiciones especiales, pedimos igualdad de trato. El hecho de que un padre prefiera educar a sus hijos según el ideario de los centros católicos no puede ser excusa para discriminarle en ningún sentido, pues todos pagamos los mismos impuestos y debemos  recibir los mismos servicios del Estado y de las Administraciones educativas.

¿Qué realidades dificultan hoy en día el papel educativo y social que corresponde a los centros concertados en el actual contexto legal?

La legislación española en materia educativa es clara frente a la igualdad de recursos, por lo que no podemos aceptar las actuaciones prácticas de las Administraciones educativas, cada vez más discriminatorias. De aquí surgen dificultades como las limitaciones que se le ponen al titular del centro para poder desarrollar con libertad el propio proyecto educativo; las trabas económicas que hacen imposible una enseñanza de calidad; y la desigualdad de trato de los profesores de nuestros centros en relación con los de la pública en ratios, equiparación salarial o formación gratuita.

Las condiciones laborales de los docentes de la Enseñanza Concertada son peores que las de sus homólogos en la Enseñanza Pública. ¿Qué se puede hacer para mejorar su situación?

Lo primero que se debe exigir a las Administraciones es el cumplimiento de las leyes. El problema no está tanto en la legislación, sino en cómo ésta se incumple sistemáticamente en aquellas cuestiones que no interesan. El marco jurídico conforma un conjunto que debe ser cumplido en su totalidad, y si se deja de cumplir una parte el sistema se cae. Por tanto, debemos seguir instando a las Administraciones a que cumplan con el todo.

¿Por qué el empeño de determinadas formaciones políticas en alimentar una guerra escolar entre la Enseñanza Pública y la Concertada?

Todavía hay entidades, o personas dentro de las mismas, con posturas trasnochadas que no han aceptado el marco constitucional en materia de educación y siguen creyendo que la enseñanza concertada debe desaparecer tan pronto como el Estado esté en disposición de sustituirla con la pública. Gracias a Dios son cada vez menos y muchos estamos haciendo un esfuerzo por alcanzar un pacto escolar, que paliaría los graves problemas que actualmente sufre nuestro sistema educativo.  

En breve se iniciarán las negociaciones para el VI Convenio de la Enseñanza Concertada. ¿Cómo se plantea Escuelas Católicas estas negociaciones?

Queremos una negociación ágil y sin grandes modificaciones en relación con lo que fue el V Convenio. Como siempre, escucharemos las demandas de los sindicatos, sobre todo aquéllas que supongan una mejora de las condiciones de trabajo de los profesores y promuevan un buen clima laboral. Hemos iniciado ya los contactos con todas las partes sin exclusiones, porque nuestro deseo es que lo firmen todos los componentes de la mesa de negociación. En cualquier caso, la impugnación del Artículo 61 del V Convenio (Paga de Antigüedad) por el Principado de Asturias puede condicionar mucho la negociación final.

Una de las habituales críticas a la Enseñanza Concertada es su falta de implicación en la escolarización de alumnos inmigrantes o de los sectores más desfavorecidos. ¿Es una crítica real o un ejercicio de demagogia?

Es un auténtico ejercicio de demagogia. Hemos manifestado infinidad de veces nuestra voluntad de comprometernos seriamente en la escolarización de los inmigrantes y de los alumnos con necesidades educativas especiales. Quienes nos critican a este respecto son los mismos que hacen imposible la igualdad de trato de los alumnos de la concertada en relación con los de la pública, y son estas diferencias las que alejan a no pocos inmigrantes de nuestros centros.

A su juicio, ¿cuáles son los principales problemas que afrontan los centros concertados?

El ahogo económico de los centros es uno de los problemas más graves que tenemos en la actualidad. La partida de otros gastos con los que se atiende los gastos generales del centro lleva acumulada una pérdida en relación con el IPC del 20% de media. Por otro lado están las discriminaciones que sufren nuestros alumnos y, consecuentemente, nuestros colegios. Un ejemplo claro lo encontramos en las dificultades que se están poniendo a los centros concertados para acceder al plurilingüísmo. ¿Qué justificación legal hay para que los centros concertados no puedan acceder al plurilingüísmo hasta que los centros públicos lleven como mínimo dos años de ventaja, y cuando lo hagan tengan un apoyo financiero menor?

La Enseñanza Concertada goza de un merecido prestigio entre los padres. ¿Por qué determinados medios de comunicación, sin embargo, se muestran casi siempre críticos con su labor social y educativa?

Entiendo que son los mismos que no acaban de aceptar su existencia en la sociedad española. Pero lo cierto es que nuestra enseñanza está cada vez más demandada, de modo que en entre un 15 y un 20% de los padres no pueden escolarizar sus hijos en nuestras escuelas por falta de plazas (cosa que tendría arreglo si se cumplieran dos aspectos previstos en la ley, la liberación de plazas reservadas y la ampliación de ratios). Pero en cualquier caso, sobre lo que no puede caber duda alguna es sobre la gran labor de nuestros centros y sus educadores.

La Enseñanza Concertada vive diferentes situaciones según el color político del gobierno de turno. ¿Será posible algún día alcanzar un Pacto de Estado por la Educación?

Es lo que venimos demandando desde hace años no pocas entidades sociales, pero los intereses políticos y extra-educativos prevalecen sobre algo tan relevante para un país como es la formación de las futuras generaciones.

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