04 Marzo
04 Marzo 2009 por FEUSO | Noticias
Las cifras del paro han vuelto a aumentar en el mes de febrero y ya son 3.481.859 los parados de este país. Además, la crudeza de la situación se pone de manifiesto al ver cómo se ha frenado la contratación con un descenso del 28,77% respecto al mes de enero.Las cifras de paro y afiliación a la Seguridad Social hechas públicas por el Ministerio de Trabajo ponen en evidencia la nula eficacia de las medidas emprendidas por el Ejecutivo. Para la USO sigue siendo prioritario que el Gobierno emprenda acciones dirigidas a taponar la hemorragia del desempleo abierta en nuestro mercado laboral, sólo así será posible empezar a generar nuevo empleo. Empleo que es necesario para estabilizar y garantizar nuestro sistema de protección social.
Ante la proximidad de alcanzar los 4 millones de parados que demandan empleo, la USO le recuerda al Sr. Corbacho que si no tiene soluciones, presente su dimisión. La USO quiere también recordarle al Ministro de Trabajo que la mejor medida de protección social que esperan los ciudadanos del Gobierno es encontrar un puesto de trabajo, y no nuevas medidas para hacer más llevadera la situación de desempleo.
El diálogo social es infructuoso
La USO asiste con enorme preocupación al silencio y complacencia de los agentes sociales que, tras la última reunión del diálogo social, no han alcanzado ningún acuerdo, y sólo nos encontramos tras largos meses de reuniones, con un paquete de medidas anunciadas unilateralmente por el Gobierno para aliviar la situación de los desempleados. Bienvenido sea el alivio, pero no hay ninguna expectativa de que este paquete de medidas frene la caída de empleo y, sin embargo, va a suponer menos ingresos a la ya maltrecha caja de la Seguridad Social.
La subvención de la contratación no genera ni frena la caída del empleo, sólo sirve para cambiar un trabajador que tenía empleo por otro que no lo tenía. ¿Por qué no se financia a las empresas para que no se destruya empleo, para que no se produzcan nuevos ERES? ¿Por qué no se invierte en reactivar el consumo con ayudas a los usuarios de determinados servicios: automóvil, reposición de electrodomésticos, etc.?
La crudeza de la situación se pone de manifiesto al ver cómo se ha frenado la contratación con un descenso del 28,77% respecto al mes de enero. Esto también pone en evidencia la alta tasa de temporalidad de nuestro mercado laboral, pues la contratación temporal es la primera que cae y no se recupera y a un coste mínimo para el empresario.
Desde la USO urgimos al Gobierno a que reconozca la gravedad de la situación y emprenda un paquete de medidas urgentes en coordinación con el conjunto de Administraciones Públicas, para que en primer lugar se atienda al número cada vez mayor de personas que no están recibiendo ningún tipo de subsidio o prestación; y en segundo lugar se realicen inversiones dirigidas a frenar la actual hemorragia y a estabilizar el mercado laboral para a continuación proceder a generar empleo neto, empleo cualificado y de calidad.
Acción institucional coordinada
La USO se dirigirá, como ya lo ha hecho con el Presidente del Gobierno, a todos los Presidentes de los Gobiernos Autonómicos pidiéndoles:
- Fijar la renta mínima de inserción en el SMI: Prioridad en adjudicarla a los hogares que tengan todos sus miembros en paro.
- Permitir el acceso a la renta de inserción social para quienes agotaron las prestaciones o el subsidio.
- Ayudas previas a la jubilación para mayores de 55 años.
-Que las Administraciones públicas sean ejemplares abonando sus pagos, de acuerdo con el plan aprobado por la UE.
- Ayudas directas a empresas, con la participación de los trabajadores, para evitar ERES o despidos.
- Ayudas directas a los usuarios de determinados sectores: automóvil; mueble, línea blanca de electrodomésticos, etc.
Estas medidas deberían ser tratadas en la respectiva Conferencia Sectorial y en la Conferencia de Presidentes con el objetivo de coordinar políticas y medidas por el conjunto de las Administraciones Públicas. Todo ello en la línea de garantizar unas medidas homogéneas en el conjunto del Estado. Las diferencias no pueden ser causa de desigualdad en función del lugar de residencia o del centro de trabajo
