23 Diciembre
23 Diciembre 2009 por FEUSO | Noticias
Reproducimos a continuación el editorial del último número de la revista de FEUSO, escrito por Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza. Está dedicado al Pacto Social y Político que está impulsando el Ministro de Educación.
El Pacto Social y Político por la Educación es necesario. Es una propuesta, una reivindicación histórica y reiterada de FEUSO. Y ahora, impulsado por el Ministerio de Educación, ha ocupado toda la actualidad educativa. Nos alegramos por ello. Sobre sus posibles bondades ya se ha escrito bastante. El ministro don Ángel Gabilondo está haciendo una apuesta personal por el éxito de este debate que valoramos positivamente. Nosotros hemos manifestado desde el principio nuestra voluntad de participar y contribuir a ese Pacto. Y porque creemos sinceramente en ello, pensamos que es imprescindible poner el acento de esta negociación en los contenidos de ese acuerdo y abordar con perspectiva de futuro las cuestiones más polémicas. De lo contrario, podríamos vernos abocados a un acuerdo sobre meras declaraciones de intenciones, sin definiciones conflictivas y sin ninguna solución efectiva a corto o medio plazo a los problemas endémicos de la educación en España.
Desde nuestra perspectiva, es importante ponderar la voluntad real de alcanzar ese gran Pacto de todas las partes implicadas en su negociación y, especialmente, de su actual promotor, el Ministerio de Educación. Por ello prestamos especial atención a las actuaciones y las políticas que se están aplicando más allá de las declaraciones formales. Se hace preciso separar el discurso de la acción política.
Con respecto al Pacto, nos sorprendió desde sus comienzos el método de diálogo practicado por el MEC, que clasificó a los interlocutores interesadamente y ha practicado las omisiones de forma deliberada. Es un dato a tener en cuenta. Sin el máximo consenso no puede prosperar una iniciativa de esta naturaleza. Por otro lado, pensamos que siempre que se quiere alcanzar un Pacto es exigible el “cese de las hostilidades” a todas las partes implicadas para favorecer el diálogo y el acuerdo. Pero algunos hechos desmienten esta voluntad pactista una vez más.
El sector de la enseñanza concertada sigue sometido a una presión constante y deliberada por parte de algunas Administraciones del mismo signo político que rige el actual Ministerio de Educación. Las actuaciones para suprimir el concierto educativo a los centros de educación diferenciada en Andalucía, Cantabria y Asturias, claramente ilegales e irresponsables, forman parte de una voluntad deliberada de hacer cada día mayor la hegemonía de la escuela pública con vocación de monopolio (¿escuela única?).
Es cierto que el MEC ha convocado finalmente, a instancia de todos los sindicatos, la Mesa Sectorial de la enseñanza pública no universitaria. No sabemos aún si el contenido de esta Mesa irá más allá del debate y si existe voluntad de negociación para cuestiones importantes y de ámbito estatal, como el Estatuto Docente. Pero también es cierto que hay actualmente iniciativas legislativas que afectan a la enseñanza concertada y que no hay ninguna intención desde el MEC de convocar una Mesa con los agentes sociales afectados para negociar. Nos referimos, por ejemplo, al futuro Real Decreto que establece los aspectos básicos a los que deben someterse los conciertos educativos.
Hechos son amores y no buenas razones. Un periódico digital publicó hace poco como exclusiva el borrador del futuro reglamento de conciertos educativos. Es inaceptable que las organizaciones sindicales mayoritarias que representan a los trabajadores del sector conozcan este documento a través de la prensa antes que desde el propio Ministerio. No olvidemos que este reglamento puede afectar a muchas unidades concertadas y tener repercusiones laborales para muchos miles de puestos de trabajo.
Como primera valoración, queremos destacar en este borrador la prioridad absoluta que se da a las Administraciones para la concesión y renovación de conciertos en base exclusivamente a la “Programación de la red de centros”, las necesidades de escolarización, las “consignaciones presupuestarias existentes” y el “principio de economía y eficiencia”, introduciendo así un elemento desestabilizador en el sector extremadamente inquietante.
Entre otras cuestiones conflictivas, entendemos que la demanda social de las familias no debe quedar fuera de las reglas de este juego en un ejercicio más de la imposición de la hegemonía del Estado sobre la sociedad. Esta demanda social es un elemento esencial para el ejercicio democrático de la libertad de enseñanza, para el estímulo de la calidad en la educación y para el desarrollo de un principio de equidad que no se debe reducir a aquello de “lentejas para todos” y el cazo en las manos del poder político de turno.
Sin una práctica razonable de la complementariedad de las redes educativas no será posible avanzar mucho en el diálogo abierto.
Todas estas cuestiones, señor ministro son relevantes. No pueden quedar al margen de un futuro Pacto por la Educación.
Antonio Amate
Secretario General FEUSO.-
