11 Abril
11 Abril 2010 por FEUSO | Noticias
El último número de la revista La Actualidad Docente (marzo 2010), que edita la CECE, publica una entrevista a Antonio Amate, secretario general de FEUSO, en la que se valora la posición de nuestro sindicato sobre el Pacto Social y Político por la Educación, promovido por el Ministerio de Educación.-¿Qué consideración le merece el Pacto escolar propuesto por el Ministerio de Educación?
Desde la Federación de Enseñanza de USO hemos defendido en repetidas ocasiones la necesidad de alcanzar un Pacto de esta naturaleza. Principalmente porque los grandes perjudicados por las dificultades que padece el sistema escolar son los alumnos. En muchos casos, de forma irreparable. Si no se ataja la hemorragia del sistema con decisión, los damnificados de una escuela deficiente y cara como la que practicamos en España seguirán creciendo de forma imparable. No parece la contribución más adecuada de la educación a la coyuntura económica y social que vive el país. Por eso, desde que el Ministerio se propuso impulsar este Pacto hemos visto con muy buenos ojos que se trabaje en esta dirección.
-Para llegar a alcanzar dicho Pacto, ¿a qué cuestiones no renunciaría su sindicato?
En el Documento que hemos elaborado con nuestras propuestas, y que puede consultarse en nuestra web (www.feuso.es), destacamos los puntos básicos sobre los que debería asentarse el futuro Pacto. Por resumir, quiero centrarme en varios aspectos que para nosotros son irrenunciables.
El primero es que, para FEUSO, la educación es un derecho fundamental de los individuos y de las familias. Como reconoce la Constitución, los poderes públicos deben garantizar este derecho y armonizar los intereses generales e individuales mediante una programación general de la enseñanza, que debe respetar y armonizar tanto el principio de la libertad de enseñanza como el de la equidad como fundamentos básicos. Para FEUSO la educación es un servicio esencial y de interés social y público. Por ello, las Administraciones tienen el deber de garantizar la efectividad del derecho a la educación mediante la dotación de los medios necesarios para su ejercicio. Ello implica la dotación de plazas escolares en la red pública y la gratuidad de las mismas en los centros privados concertados en función de las necesidades de escolarización y de la demanda social. Para nosotros, la escuela privada y concertada no es subsidiaria de la escuela pública.
En este sentido, rechazamos la polémica que se ha dado en algunas Comunidades Autónomas en contra del acceso de los centros de Enseñanza Diferenciada a los conciertos. Desde FEUSO defendemos la diversidad, la autonomía y la pluralidad en todos los sentidos, también en la perspectiva pedagógica, con el fin de que no se reduzca el horizonte educativo a una escuela mixta como modelo único y políticamente correcto, demonizando otras opciones como la Escuela Diferenciada, presente en el panorama escolar desde hace muchos años y que cuenta con una demanda social importante.
Otro aspecto importante se refiere a que es la familia quien debe decidir sobre la formación religiosa y moral que desea para sus hijos. Para FEUSO es esencial que los padres puedan elegir en la escuela pública la asignatura de Religión para sus hijos y en pie de igualdad con las demás materias, asunto en el que nos hemos quedado solos.
Por último, apenas se dice nada en el Documento de mejorar la situación sociolaboral del profesorado de los centros concertados. No hay ningún compromiso concreto que mejore su situación laboral y posibilite, por ejemplo, una reducción de su jornada lectiva, excesivamente sobrecargada en la actualidad y donde no ha habido avances en relación con su homologación con los docentes de la pública. Tampoco se progresa en el Documento en la reclamación que venimos haciendo desde hace mucho tiempo de reforzar la autoridad de todos los profesores mediante su consideración como autoridad pública.
-¿Cómo cree que la propuesta ministerial del Pacto Educativo trata a la enseñanza privada?
Como comentaba antes, en el Documento aparece la consideración de la educación como servicio público. De aquí se ramifican muchas políticas importantes, como por ejemplo el predominio calculado de la red pública de centros -y con vocación de monopolio a pasos agigantados-, aparcando a la red concertada como meramente subsidiaria. Esto explica y justifica la situación de discriminación que soportan los centros concertados y sus trabajadores, con una financiación insuficiente y con una capacidad muy desigual con respecto a los centros públicos para afrontar el partido de la educación personalizada, por ejemplo, o de la atención a la diversidad o del tratamiento a los alumnos de necesidades educativas especiales.
Si las plantillas y los recursos no son los mismos, ¿las obligaciones tienen que ser las mismas? ¿No resultarán finalmente discriminados los alumnos por la escuela que eligieron sus padres? Al menos los que pudieron elegir sin ser obligados, forzados por el corsé de la planificación que ejercen algunas Administraciones y sus comisiones de escolarización.
-No hay que obviar que un acuerdo de estas características es ambicioso, ¿cree sinceramente que es factible que llegue a buen puerto?
A nosotros nos gustaría que se llegase a un Pacto con el fin de que la educación, como así ha sucedido por desgracia en los últimos años, deje de ser una excusa más para el combate político. Sin embargo, somos conscientes de las dificultades actuales para llegar a un acurdo tan ambicioso como el que se propone. Nosotros pensamos que sería más realista construir acuerdos con una pretensión limitada, circunscrita a cuestiones puntuales y que faciliten un primer acercamiento de posturas, hoy en día muy alejadas.
-Considera que el debate sobre el Pacto se ha instrumentalizado demasiado entre el MEC y el principal partido de la oposición.
Para alcanzar este Pacto, tanto el PSOE como el PP tienen que llegar a algún tipo de acuerdo, pues el Pacto sin el principal partido de la oposición apenas tendría relevancia política. Sin embargo, como ya ha sucedido en otras ocasiones, la actitud y los posicionamientos de estos dos partidos han rebajado el debate educativo en torno al contenido del Pacto, pues todo queda a expensas de lo que decidan ellos. Nos hubiese gustado un debate mucho más profundo sobre los contenidos del Pacto; pensamos que ese debate hubiese contribuido a clarificar posturas de fondo y a llegar a propuestas más consensuadas y viables.
-Cambiando de tema. ¿Cómo ve la situación del profesorado de la enseñanza privada? ¿Cuáles son las reivindicaciones de su Sindicato a los titulares de los centros privados de enseñanza?
Voy a intentar resumir brevemente un tema que es siempre complejo. De forma general, las reivindicaciones más importantes de los trabajadores giran en torno a dos temas principales que son la jornada y los salarios. Nosotros comprendemos que la situación económica no es la mejor para hacer grandes avances ahora, pero el profesorado no comprende tampoco una actitud negativa de las empresas hacia alguna mejora significativa en la regulación de su jornada laboral o, por ejemplo, un compromiso más decidido hacia la homologación salarial del personal docente que no está en pago delegado. Me refiero concretamente a la situación del profesorado de Bachillerato y del ciclo infantil 0 a 3 años, que ha visto como su salario se alejaba del de sus compañeros en niveles concertados durante las últimas Tablas Salariales que no firmó FEUSO. Siempre consideramos también la situación del Personal de Administración y Servicios (PAS), en la misma línea reivindicativa que el profesorado. Un salario inferior al fijado en los módulos del concierto no es aceptable para nosotros. Otras mejoras sociales están recogidas actualmente en la plataforma conjunta de FEUSO y los demás sindicatos para el VI Convenio de Concertada.
