24 Junio
24 Junio 2010 por FEUSO | Noticias
Convocados por FEUSOC y otras organizaciones representativas de la enseñanza concertada, miles de maestros, profesores, directivos, titulares y padres de Cataluña protagonizaron el 17 de junio una concentración en la Plaza de Sant Jaume en protesta contra la decisión del Gobierno de la Generalitat de aplicar un recorte salarial al profesorado de los centros concertados. Más de 15.000 personas asistieron a esta concentración.
La plaza de Sant Jaume de Barcelona fue un clamor: ¡La escuela concertada está discriminada!, ¡No a la discriminación del profesorado!, ¡No a los recortes de salario!, ¡Antes de recortar, primero homologar! Para FEUSOC, esta medida, que consideramos ilegal, fue rechazada por todas las personas allí presentes. Las organizaciones convocantes anunciaron que emprenderán todas las medidas jurídicas posibles encaminadas a evitar esta situación o, al menos, a dilucidar la legalidad de las medidas adoptadas por el gobierno.
Al final de la concentración se leyó un “Manifiesto” conjunto en el que la práctica totalidad de las organizaciones representativas de la Enseñanza Concertada en Cataluña rechazan estas medidas y la política educativa de la Generalitat, que desde hace ya muchos años viene discriminando sistemáticamente a la escuela concertada y a su profesorado. Desde el punto de vista sindical, el recorte del módulo de concierto en cuanto a los gastos de profesorado en pago delegado puede acarrear consecuencias graves en el sector concertado y al conjunto de sus trabajadores y trabajadoras. En el fondo, esconde una voluntad política de atacar a un sector de docentes profundamente maltratado y menospreciado por la Administración.
“Las escuelas privadas concertadas –se dice también en el Manifiesto- son, como su nombre indica, un sector privado, y estas medidas, conjuntamente con la situación de crisis económica general, pueden provocar la pérdida de puestos de trabajo o, incluso, el cierre de empresas, con la consecuencia directa para los trabajadores: agrandar las listas del paro que ya afecta a cinco millones de personas en el conjunto del Estado español.
Desde el profesorado, pues, hay suficientes razones para oponerse a este decreto injusto: “después de más de veinte años reivindicando la homologación de las condiciones laborales y retributivas sin haberlas logrado, el Gobierno nos propone esta nueva fórmula de homologación a la baja. Después, también, de muchos años justificando las diferencias de condiciones laborales al no ser funcionarios, en la primera ocasión de recorte, el Gobierno aplica, ahora sí, el mismo criterio que a sus trabajadores”.
Además, “el Gobierno ha obviado el marco de relaciones laborales propio de la empresa privada. La vulneración de la legalidad comportará, si finalmente se lleva a cabo, situaciones laborales absurdas, no buscadas ni por empresas ni por los propios trabajadores. En las escuelas concertadas hay personal pagado por la Administración, en nombre del titular, pagado directamente por los centros o bien con fórmulas mixtas. Hasta ahora, la diversidad de situaciones no comportaba ninguna diferencia. La propia Administración de la Generalidad desencadenará situaciones de conflicto laboral.
Para FEUSOC y el resto de las organizaciones convocantes, “no hay, por tanto, ninguna razón de tipo legal, moral o ético que justifique” los drásticos recortes aplicados a la Enseñanza Concertada.
