03 Enero
03 Enero 2011 por FEUSO | Noticias
La USO considera insuficiente la subida aprobada en el Consejo de Ministros para el salario mínimo interprofesional y las pensiones mínimas. Por otra parte, USO denuncia que el Pacto de Toledo propone modificaciones ambiguas que pueden servir de coartada a las modificaciones legislativas del Gobierno.
Para la USO o es un error o el Gobierno, en su afán de aparentar, no dice la verdad sobre la revaloración de las pensiones mínimas, ya que los 601,40€ en que quedaría fijada la pensión mínima de jubilación es su valor actual, es decir, se congela en lugar de subir el anunciado 2,3%.
USO pide al Gobierno que proceda según las recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo a revalorizar todas las pensiones para 2011 en el 2,3%, que es IPC de referencia. Y en la misma cuantía debe revalorizar también el SMI para que, al menos, se mantenga su valor y no se deprecie frente al IPC. Sería deseable que ninguna pensión estuviese por debajo del SMI.
Las ambigüedades del Pacto de Toledo
Tras la aprobación del documento que contiene las recomendaciones elaboradas por la Comisión del Pacto de Toledo, USO pide al Gobierno que no proponga cambios en la edad legal de jubilación, sumándose al consenso adoptado en esta materia, incluido el de su grupo parlamentario.
No sería razonable, ni deseable, que el Ejecutivo actúe en contra de las decisiones que realiza el poder legislativo, que reside en las cámaras. Salvo que sólo quiera justificarse ante los “mercados financieros” y ponga más empeño en ello que en buscar el consenso social. Una medida para extender la edad legal de jubilación como la que se viene anunciando sólo conllevaría un incremento de la confrontación social.
La USO considera, no obstante, que algunas de las recomendaciones son ambiguas y pueden servir de coartada para justificar las modificaciones legislativas que el Gobierno sigue anunciando. El incremento de los años de cómputo para calcular la base de la futura pensión no explicita ni cuántos, ni cuáles serán estos, ni la progresividad de esta medida. ¿Van a tener más peso los mejores años cotizados? La medida sólo busca una disminución del valor de la pensión reduciendo la misma entre un 5 y un 10%. Recordemos que el valor medio de la pensión de jubilación está en torno a los 780€. Ahora que piensen cómo se acometen los gastos fijos de un pensionista con su pensión congelada (una medida contraria a las recomendaciones), con subidas de un 10% en el recibo de la luz y del 4% en el gas, además de todas aquellas que se verán afectadas por la subida de éstos.
Desde la USO queremos recordar que la edad legal de jubilación, los 65 años, es la que da lugar a percibir el 100% de la pensión, siempre que se hayan cotizado 35 años. Algo que cada vez es más difícil de conseguir, puesto que la incorporación al mercado de trabajo se realiza cada vez más tarde. Si no, que se lo pregunten a nuestros jóvenes; además la proliferación de la contratación a tiempo parcial hace que sean necesarios más años reales de trabajo para conseguir los 35 efectivos de cotización, y que no se olvide tampoco que día trabajado en estos supuestos no es igual a un día cotizado.
Por ello no tiene ni ningún sentido ampliar esta edad, ya que nada impide actualmente prolongar la vida laboral más allá de los 65 años. ¿Por qué no se incentiva más este supuesto, al menos en la misma cuantía que se penaliza la anticipación?
La mejor medida para garantizar las pensiones de los futuros pensionistas es que éstos coticen, es decir, que tengan empleo. No olvidemos que sin cotización no hay pensión, y la cotización es fruto del empleo. Por tanto lo mejor que se puede ofrecer con más del 40% de paro juvenil para garantizar su pensión es un empleo.
Desde la USO creemos que, de mantenerse el Gobierno en sus propuestas, será un nuevo parche, que debe tener una respuesta contundente y unitaria del conjunto movimiento sindical, para que el Gobierno rectifique abordando cuestiones más de fondo. Hay que proceder a reformas globales que configuren un marco adecuado para el crecimiento del empleo y la productividad. La sostenibilidad del sistema empieza por convertir en cotizantes a los más de 3.250.000 parados actuales que ya han consumido la prestación contributiva y por tanto han dejado de cotizar.
