03 Julio
03 Julio 2013 por FEUSO | Noticias
Para explicar la valoración que hace FEUSO de la LOMCE, Antonio Amate intervino el 3 de julio en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados. En su intervención, el secretario general de FEUSO expuso las luces y las sombras de una ley que, por una parte, contiene algunos cambios y orientaciones que desde FEUSO se consideran necesarios y positivos, aunque, por otra, incluye algunos contenidos y omisiones que apenas aportan nada a la mejora de la situación actual del sistema educativo.
De entrada, FEUSO defiende que sí es necesario y urgente reformar la LOE con el fin de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo, ya que los indicadores nacionales e internacionales revelan con claridad los déficits derivados de la aplicación de la LOE. Si nos se introducen cambios estructurales en nuestro sistema educativo, los resultados seguirán siendo los mismos.
AVANZAR EN LA COMPLEMENTARIEDAD
FEUSO es partidario de avanzar para seguir construyendo una escuela plural, gratuita y universal, fundamentada en una sociedad plural y democrática que fomenta los valores de la tolerancia y la participación. En este modelo, y dentro del marco legal vigente, entran todo tipo de escuelas, pues FEUSO considera tan válida la educación mixta como la diferenciada, que deben ser objeto del concierto educativo en igualdad de condiciones y respetando la libertad de elección de centro por las familias y la autonomía pedagógica de los centros.
En FEUSO siempre hemos defendido la complementariedad de las redes educativas (como, por otra parte, la sociedad española ha asumido también sin estridencias). El Estado tiene que fomentar un sistema escolar en el que convivan los centros públicos y concertados, garantizando la gratuidad y la misma calidad de la enseñanza en ambos, porque el derecho a la mejor educación posible lo tienen los alumnos, al margen de la titularidad del centro en el que estén escolarizados y cuya elección haya sido realizada libremente por sus familias. La financiación debe cubrir sus necesidades materiales y sus recursos humanos en igualdad de condiciones para prestar un servicio educativo de igual calidad, respetando su naturaleza y fomentando el proyecto educativo de todos. Queremos la mejor escuela pública y queremos la mejor escuela concertada.
Compartimos algunas medidas pedagógicas de la Ley, por ejemplo, que se flexibilice la comprensividad radical del sistema educativo, a nuestro juicio una de las causas del fracaso escolar y del deterioro de la convivencia en los centros. En relación con la anticipación de los itinerarios formativos a 3º de la ESO entre las enseñanzas académicas y las profesionales queremos decir que esta medida, polémica para algunos sectores educativos, profundiza sin embargo en la reforma del 4º curso de la ESO aprobada por el anterior Gobierno en la Ley de Economía Sostenible.
También pensamos que se debe seguir trabajando decididamente y sin escatimar recursos en la atención a la diversidad, para evitar que no se desvíen en la ESO hacia las Enseñanzas Profesionales a los alumnos con dificultades para aprender o con ritmos madurativos diferentes por una simple economía del esfuerzo.
La presencia de pruebas externas de evaluación nos parece necesaria en la ESO y en el Bachillerato, pero creemos que se ha sobreactuado en su excesiva multiplicación y en su diseño final. Somos partidarios de fomentar la cultura de la evaluación y de que ésta sirva para conocer en profundidad las luces y las sombras de nuestro sistema educativo. Pero, sobre todo, deben servir para tomar medidas eficaces que sirvan para recuperar a los alumnos con problemas y reforzar la atención a aquellos alumnos que más lo necesitan.
LA RELIGION, PARA EL QUE LA ELIJA
La asignatura de Religión siempre es un elemento polémico y fácilmente manipulable de cara a la opinión pública. Sin embargo, nosotros pensamos que al margen de la pasión que sigue avivando el debate sobre éste y cualquier tema religioso, tenemos que valorar con la mayor objetividad posible algunos factores. El primero de ellos es que estamos hablando de una asignatura que sigue siendo, y así debe ser, de elección voluntaria por los alumnos. Cada año, además, se somete a un único e insólito referéndum por las familias, y es un dato incontestable que sigue habiendo una mayoría social que elige la clase de Religión. Aquí termina para nosotros la polémica: la asignatura de Religión para quien la elija. Y con todas las consecuencias a efectos académicos. El escaso crédito horario con el que cuenta en las diferentes etapas educativas junto a la también escasa calidad de sus alternativas dimensiona bastante bien el tamaño del problema, aunque organizaciones contrarias a la presencia de la asignatura de Religión en la escuela se empeñen en magnificarlo.
Por otro lado, la configuración que ha adoptado en la LOMCE la asignatura de Religión y sus alternativas no nos parece la mejor, dado que ésta debería asumir los fines propios de la institución escolar: la transmisión de la cultura y posibilitar la integración activa de la persona en la sociedad del entorno. Desde la Federación de Enseñanza de USO creemos que es preciso crear una asignatura que enseñe la realidad religiosa con contenidos de interés académico general sobre el hecho religioso y sus expresiones sociales y culturales que podría tener una versión confesional de libre elección por las familias. De este modo se evitaría recurrir una vez más a una forma de optatividad que parece contener de manera implícita una diferenciación entre los valores éticos y ciudadanos laicos y los religiosos, cuando no una auténtica oposición, que no es la razón de ser de esta materia en la escuela.
ESCASO DIÁLOGO INSTITUCIONAL
En otro orden de cosas, somos críticos con la deficiente gestión política que la Administración ha hecho hasta el momento de la LOMCE por la ausencia de un diálogo institucional bien organizado y con planteamientos serios y rigurosos. También nos preocupa la insuficiencia y falta de concreción de la memoria económica, realizada con la intención inicial de hacer una reforma tan importante a coste cero para reconocer también a posteriori unas cifras de gasto que se nos antojan irreales.
Donde sí que hay una igualdad de trato por parte de la LOMCE hacia las tres redes escolares es en lo referido al profesorado, porque es tan lamentable como sorprendente que no haya prevista ninguna mejora para nadie, aunque las situaciones de partida entre sus profesionales sean claramente desiguales. El único anuncio a futuro es el desarrollo de una ley sobre la función docente de la que desconocemos todo menos su título.
La LOMCE ha introducido dos grandes cambios en la actual distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades. La primera es la nueva configuración del plan de estudios, bastante confusa, en el que las asignaturas se dividen ahora en troncales, específicas y de libre disposición por las Comunidades. La segunda es la intervención estatal en el proceso de evaluación y en las pruebas externas de los distintos niveles educativos. Mención aparte merece el tratamiento que se ha dado a al tema de las lenguas vehiculares, con especial incidencia en Cataluña y su política de inmersión lingüística. Consideramos que se hace imprescindible insistir lo que haga falta en la negociación autonómica. Es necesario encontrar soluciones acerca de todas estas cuestiones buscando acuerdos y pactos que eviten posiciones de fuerza y una futura escalada de conflictos judiciales y políticos.
UN CONTEXTO CONTRARIO A LOS TRABAJADORES
En conclusión, nos parece que por estos argumentos, y considerando el contexto socioeconómico actual definido por las graves dificultades de las finanzas públicas y por las políticas de austeridad y de recortes en la educación, creemos que ni en la escuela pública ni en la concertada y privada el profesorado dará un apoyo que es imprescindible para el éxito de esta reforma. Un profesorado que es la pieza clave de la educación y que está igualmente agobiado en todos los centros, públicos, concertados y privados, por la importante disminución de sus retribuciones, el incremento de su jornada lectiva, el aumento del número de alumnos por aula, la reducción de plantillas y por la de pérdida de empleo en el sector, una inseguridad y degradación laboral creciente y una escasez de recursos que dificultan gravemente su trabajo.
