29 Abril
29 Abril 2020 por FEUSO | Atención a la discapacidad
Recuperamos un artículo escrito por Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, a propósito de la polémica sobre el programado vaciamiento y cierre de los centros de Educación Especial. El Ministerio de Educación ha emitido un comunicado diciendo que estos centros no se van a cerrar. Pero, una vez más, el Ministerio no dice toda la verdad. Como se comprueba en el Proyecto de Ley de Educación, que se está tramitando en un momento absolutamente excepcional, con toda la sociedad paralizada por el estado de alarma, el Ministerio de Educación sigue adelante con sus objetivos, que pasan por el progresivo vaciado de estos centros, una minoría, provocando el cierre de sus centros y el despido de unos trabajadores que están realizando un trabajo ejemplar.
El eje Ministerio de Educación-CERMI decidió por todos. La Educación Especial, tal y como la conocemos hoy, debe desaparecer en un periodo de 10 años para integrarse en la educación ordinaria, llevando a cabo las adaptaciones que sean necesarias y llegar así al objetivo de la plena incursión educativa en nuestro país.
En paralelo, se ha producido la movilización sin precedentes de una inmensa mayoría de las familias, centros, profesorado y especialistas afectados por esta medida de manera espontánea y masiva en defensa de la mejora del actual modelo con el que se imparte la Educación Especial bajo el lema integrador “Educación Especial sí, Inclusión también”.
Ante el mal disimulado intervencionismo del Ministerio de Educación apoyado fundamentalmente en CERMI para decir a las familias lo que es mejor para sus hijos, solo está el obsesivo mensaje de su interpretación particular de cómo debe llevarse a acabo en España la aplicación de la Convención sobre los derechos de la personas con discapacidad. Más concretamente, su artículo 24. ¿Pero es esa interpretación oficial la única posible?
Más de 300.000 firmas dicen hoy que no. Que el espíritu y la letra de la Convención se dirigen a evitar cualquier discriminación o exclusión contra las personas con discapacidad. Que la inclusión educativa es un modelo educativo que hay que aplicar con prudencia y proporcionalidad para que no se vuelva en contra de los 37.000 alumnos que están hoy escolarizados en los centros de Educación Especial. Y la gran mayoría de ellos, representados por sus familias, no se sienten ni discriminados ni excluidos, sino reconocidos y agradecidos por la labor que prestan en ellos su profesorado y sus especialistas.
Como bien decía el politólogo Reinhold Niebuhr, un maestro de realismo estadounidense, no hay mayor absurdo que responder a una pregunta que nunca se ha formulado, o dicho de otra forma, no hay nada más inquietante que un Gobierno que ofrece soluciones a un problema que no existe. Porque, entonces, ¿a quién beneficia esta medida tan contestada por las familias con hijos discapacitados? El artículo 4.3 de la Convención establece claramente que en la elaboración y aplicación de la legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención “… Los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las personas que las representan”. ¿Por qué entonces esa prisa por promover la desaparición de los centros de Educación Especial en su actual configuración?
El Preámbulo de la Convención, en su apartado “x”, dice explícitamente: “Convencidos de que la familia es la unidad colectiva natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a recibir protección de ésta y del Estado, y de que las personas con discapacidad y sus familiares deben recibir la protección y la asistencia necesarias para que las familias puedan contribuir a que las personas con discapacidad gocen de sus derechos plenamente y en igualdad de condiciones”. ¿Se está cumpliendo esta Convención por parte del Ministerio de Educación o solo la parte que le interesa en una lectura parcial e interesada? ¿Se manifiestan las familias porque sienten sus derechos amenazados o protegidos por la iniciativa apresurada y superficial que adopta la Ley Celaá para la educación de los niños y las niñas con discapacidad?
Parafraseado al emperador Augusto, que solía decir a sus sirvientes apresúrate lentamente, si algún flanco ha quedado al descubierto en este asunto ha sido la escasa o nula participación de todos los sectores implicados, también familias, profesorado y especialistas de los centros de Educación Especial, en el debate abierto y cerrado por el Ministerio en un plis plas a beneficio de inventario de su electoralista Proyecto de educación para el siglo XXI. Faltó, ¡ay!, como en tantas otras ocasiones, la reflexión necesaria, el debate sereno y la búsqueda de soluciones efectivas para los problemas reales. Pero “era una cuestión prioritaria y urgente para este Gobierno abordar de forma inmediata la modificación de los aspectos más segregadores y negativos de la LOMCE, los que estaban causando mayores daños a nuestro sistema educativo, apartándolo de forma preocupante del objetivo de equidad", tal y como señaló la ministra y portavoz del Gobierno Isabel Celaá en reiteradas ocasiones y, al parecer, la existencia de los centros de Educación Especial también entraban en el paquete de la mejora de la equidad.
A propósito de equidad, como explica el propio Alejandro Tiana en su libro Por qué hicimos la LOE, no se debe confundir igualdad con equidad, pues “el concepto de equidad admite la imposibilidad de la igualdad absoluta; el problema ya no es la existencia de desigualdades, sino las consecuencias justas o injustas que puedan derivarse de ellas”. Cumplir con la Convención internacional once años después de publicarse en el BOE a la manera y gusto del CERMI como argumento central del Ministerio, es una medida claramente deficiente para la educación del alumnado con discapacidad, demasiada igualitaria y poco equitativa. Háblame de lo que presumes y te diré lo que careces.
El futuro laboral de miles de profesionales altamente cualificados también ha sido cuestionado y amenazado ante la inminencia de un proceso de transformación que desconocemos, pero que tendrá efectos sustanciales y modificará sin duda el actual marco laboral. Demasiadas dudas y pocas certezas para un colectivo tan especializado y que piensa, con razón, que tampoco se ha contado con ellos para planificar y decidir.
Aunque la ministra Celaá ha salido al ruedo en numerosas ocasiones para matizar y tranquilizar a los miembros de la Plataforma “Educación Inclusiva sí, Especial también” sobre sus benéficas intenciones, el algodón no engaña, y la Disposición Adicional 4ª de su Proyecto de Ley educativa desmiente por escrito lo que declara verbalmente en todos los foros: el Ministerio sí apuesta por una inclusión educativa excluyente que nadie le ha pedido desde abajo, sino sólo y exclusivamente por arriba. A todo esto hay que darle otra vuelta si se pretende conseguir el consenso necesario para obtener el bien necesario en beneficio de los derechos de las personas con discapacidad. No hay atajos en temas tan importantes.
