10 Diciembre
10 Diciembre 2020 por FEUSO | Atención a la discapacidad
El pasado 19 de noviembre, el pleno del Congreso de los Diputados dio el visto bueno a la LOMLOE, la nueva Ley de Educación, la también llamada Ley Celaá. No obstante, para entrar en vigor todavía debe ser aprobada en el Senado y volver al Congreso para la votación definitiva. Tal y como venimos denunciando desde la Federación de Enseñanza de USO, esta Ley pretende acabar con los centros de Educación Especial dentro de pocos años.
Para llevar a cabo estos objetivos, se está utilizando una polémica sugerencia de la ONU basada en un informe que no se ha podido contrastar y en el que se afirma nada más y nada menos que en España los centros de Educación Especial segregan a los alumnos. Se están empleando torticeramente la atención profesional y personalizada a estas personas vulnerables, que exigen unas atenciones específicas, con la segregación educativa. Este argumento es injusto, mentiroso y tramposo. Este Informe sirvió de base al CERMI para plantear una enmienda en el Consejo Escolar del Estado en enero de 2019 que es la que da origen a los cambios que se introducen en la LOMLOE.
Con la redacción actual de la ley Celaá, no se ordena el inmediato cierre de estos centros, pero sí se reafirma la intención de iniciar el trasvase de alumnos a centros ordinarios, provocando así la progresiva desaparición de miles de puestos de trabajo y la privación de la atención especializada que muchos alumnos necesitan, y no por capricho. Todo ello con el objetivo de alcanzar la plena inclusión, que lleva consigo la escolarización de estos alumnos en la misma escuela que el resto., eliminando de manera progresiva los centros de Educación Especial.
¿Y por qué ocurrirá esto?
El artículo 50 de la LOMLOE establece que “se modifican los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 74, referente a la Educación Especial” que queda redactado de la siguiente manera:
- “La identificación y valoración de las necesidades educativas de este alumnado se realizará, lo más tempranamente posible, por profesionales especialistas y en los términos que determinen las administraciones educativas. En este proceso serán preceptivamente oídos e informados los padres, madres o tutores legales del alumnado. Las Administraciones educativas regularán los procedimientos que permitan resolver las discrepancias que puedan surgir, siempre teniendo en cuenta el interés superior del menor y la voluntad de las familias que muestren su preferencia por el régimen más inclusivo”.
Con este texto (que contradice las declaraciones que sobre este asunto está aireando la propia Ministra) se ve claramente que se pretende privilegiar los centros inclusivos para ir vaciando los centros de Educación Especial, forzando la integración de los niños con discapacidad en los centros ordinarios (para acabar con la supuesta segregación).
Teniendo en cuenta que, para el Ministerio, el régimen más inclusivo es el de la escuela ordinaria, esto significa que primará el criterio de las familias siempre que opten por la enseñanza ordinaria y no por la especial.
Lo preocupante es que el texto establece un doble criterio para solventar las discrepancias: por un lado, lo que interprete la Administración que es lo mejor para el menor; por otro, lo que elijan las familias, siempre que «muestren su preferencia por el régimen más inclusivo».
También hay que tener en cuenta lo que se afirma el punto 3 del artículo 50, que aclara que «al finalizar cada curso se evaluará el grado de consecución de los objetivos establecidos de manera individual para cada alumno». Esta evaluación «permitirá proporcionar la orientación adecuada y modificar la atención educativa prevista, así como el régimen de escolarización, que tenderá a lograr la continuidad, la progresión o la permanencia del alumnado en el más inclusivo». Todo esto es un claro guiño en favor de aquellos padres que prefieran trasladar a sus hijos a un colegio ordinario en lugar de mantenerlos en uno de educación especial.
Aunque la Sra. Ministra haya afirmado repetidas veces en sus comparecencias que los centros de Educación Especial no se van a cerrar, esto no es así, como estamos viendo. Si de verdad quiere que lo que afirma sea cierto y creíble, y no una mentira más de las muchas que están diciendo a propósito de la tramitación de esta Ley, lo tiene bastante fácil. Dice la Sra. Ministra que nada ha cambiado en cuanto en relación a la Educación Especial, que los cambios de la Disposición Adicional Cuarta no afectan a la estabilidad de la Educación Especial específica. Si eso es cierto, si, como ella dice, se están malinterpretando sus palabras y la ley, la solución es muy fácil: que dejen la norma como estaba. Solo es necesario que se elimine la Adicional 4ª del artículo 74, y asunto concluido.
Por eso, desde la Federación de Enseñanza de USO no aceptamos el modelo de inclusión radical que pretende la Ley Celaá y que conduce a los actuales centros de Educación Especial a su progresiva desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias. Rechazamos de manera tajante que los centros de Educación Especial estén segregando a los alumnos, descalificación que no se corresponde con la realidad que se vive en estos centros, donde se atiende a sus alumnos de una manera prestigiosamente profesional.
Desde USO, porque la Educación Especial no es ningún problema, pedimos que las cosas sigan como hasta ahora y reclamamos al Gobierno una dotación suficiente de recursos para atender a todos los alumnos con discapacidad de la mejor manera posible tanto en los centros ordinarios como en los colegios de educación especial.
Y exigimos mejoras reales para los trabajadores y profesionales del sector, ya que la Ley no introduce ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones. Lo único que hace la Ley Celaá es poner en peligro el futuro de sus puestos de trabajo. Y esto es muy grave.
La nueva ley de educación debe garantizar que se aporte financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de las personas trabajadoras del sector de educación especial. La nueva ley debe garantizar la libertad de las familias en la elección del centro que consideren más adecuado para sus hijos.
