04 Abril
04 Abril 2011 por FEUSO | Enseñanza pública
La Federación de Enseñanza de USO RECHAZA enérgicamente las pretensiones del Gobierno de reducir las pensiones de los funcionarios docentes y de modificar las condiciones de acceso a esas pensiones y EXIGE:
• El mantenimiento de la jubilación ordinaria a los 65 años, con el 100%.
• El mantenimiento de los actuales sistemas y condiciones para la jubilación voluntaria.
• El mantenimiento indefinido del sistema de jubilación LOE voluntaria e incentivada para el personal docente.
El Gobierno prepara una nueva agresión a los derechos de los trabajadores, en este caso a los funcionarios.
La Secretaría de Estado de la Función Pública ha presentado a los sindicatos con presencia en la Mesa General de Función Pública un documento titulado pomposamente “PROPUESTA DE MEDIDAS ARMONIZADORAS DEL RÉGIMEN DE CLASES PASIVAS DEL ESTADO”. No es otra cosa que un nuevo y brutal recorte de los derechos de los empleados públicos, su “Pensionazo” particular.
La intención de la Secretaría de Estado es iniciar, con toda urgencia, su tramitación como Anteproyecto de Ley, razón por la cual nuestra flamante Mesa General de Función Pública, que suele reunirse de pascuas a ramos, lleva ya tres reuniones en menos de una semana.
Por capítulos, como si de una serie de televisión se tratara; o en fases, como si fuera un tratamiento médico muy agresivo para el organismo; o a cucharaditas, para que a nadie se le atragante, las actuaciones del Gobierno se van sucediendo poco a poco, para que la sociedad vaya asimilando los capítulos anteriores o para que descanse un poco y soporte la siguiente dosis.
Y este Gobierno, el más agresivo de la democracia contra el modelo de estado del bienestar y contra los derechos de los trabajadores, sigue con su agenda de recortes sociales por la vía de los decretazos.
• Primero fueron los salarios
• Después las pensiones del régimen General
• Ahora las pensiones de los funcionarios
• ¿La próxima…?
Y a partir de ahí todo son incertidumbres.
¿Terminarán estas reuniones como las recientemente celebradas por UGT y CCOO, el Gobierno y las Patronales, en la forma de un acuerdo para reducir las prestaciones y endurecer las condiciones de los trabajadores del Régimen General?
¿Conseguirá el Gobierno acabar con el desmantelamiento del régimen de clases pasivas, que ya comenzó con el Real Decreto-Ley 13/2010, de 3 de diciembre, cuyo artículo 20 establece la inclusión, a partir del 1 de enero de 2011, de los funcionarios de nuevo ingreso en el Régimen General de la Seguridad Social.?
¿Lo hará sólo, o tendrá ayuda?
¿Se movilizarán CCOO y UGT contra los planes del Gobierno, o contra el terremoto de Japón? ¿Lo harán con la misma energía que emplearon ante los recortes salariales de 2010?
¿Harán el mismo esfuerzo que hicieron ante la reforma de Régimen General… y firmarán un Acuerdo?
¿Convocarán UGT y CCOO a todos los ciudadanos y ciudadanas para mostrar su más enérgica repulsa a los planes del Gobierno?
¿Nos llamarán a manifestarnos y concentrarnos ante las sedes del Gobierno, ante las Cortes, ante la oposición y ante la embajada de Israel para exigir a sus dirigentes que no firmen o apoyen nuevos recortes sociales?
¿Nos llevarán a manifestarnos y concentraremos ante las sedes de CCOO u UGT para exigir a sus dirigentes que no firmen nuevos recortes sociales?
LAS MODIFICACIONES PRETENDIDAS POR EL GOBIERNO
Los contenidos del documento presentado, que afectaría a unos 900.000 funcionarios, suponen:
Edad de jubilación
• Ampliación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años.
• Jubilación a partir de los 65 años de edad, únicamente si se acredita un periodo de servicios efectivos al Estado igual o superior a 38 años y 6 meses.
• Jubilación anticipada a partir de los 63 años de edad, si se acreditan 33 años de servicios efectivos al Estado, en este caso vinculada a la aplicación de un coeficiente reductor de la pensión por cada trimestre o fracción de trimestre que el funcionario adelante la edad de jubilación que corresponda.
• Inclusión de un período transitorio según el cual, desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de diciembre de 2021 (o 2024 según otras versiones que circulan) los funcionarios podrían acceder a la jubilación voluntaria sin coeficiente reductor siempre que se cumpla la edad y acredite la carencia que se establece para el año de que se trate (se incrementaría en 4 meses al año la edad y la carencia durante el período transitorio).
Porcentaje aplicable al haber regulador:
Se propone modificar la tabla de porcentajes aplicable al haber regulador y el incremento del periodo de servicios efectivos al Estado, de 35 a 37 años, para alcanzar el 100% del haber regulador.
Para endulzar la medicina, el caramelo de inclusión de otras medidas armonizadoras con el régimen General, tales como:
• El cómputo, a efecto de las pensiones de jubilación y retiro, de los días que integran el permiso por parto según la legalidad vigente, siempre que no estuvieran cotizados en alguno de los regímenes de la Seguridad Social.
• El accidente “in itinere”, hasta ahora no regulado en la normativa de Clases Pasivas y que se regularía ahora de forma expresa.
• Se modificarían las reglas de caducidad del artículo 7 del TRLCP: los efectos económicos del reconocimiento de las prestaciones de este régimen tendrían una retroactividad máxima de 3 meses, a partir del día primero del mes siguiente a la presentación de la correspondiente solicitud, aunque se regularía un periodo transitorio de 4 años para la plena efectividad de esta medida.
• Se modificaría el artículo 44.1 del TRLCP (condiciones del derecho a la pensión a favor de padres): el requisito de dependencia económica se vincularía al salario mínimo interprofesional (que es el índice de referencia que toma la Seguridad Social en lugar del IPREM), y se presumiría la dependencia económica cuando los ingresos a computar no superen el doble del SMI por unidad familiar (en lugar de a título individual).
Pero “los olvidos”, son importantes:
• En ningún lugar del documento se proponen medidas para igualarnos al régimen general en una materia tan sensible y como es el acceso gratuito a los medicamentos.
• Tampoco se refleja en ninguno de sus párrafos la posibilidad de jubilación parcial, demandada históricamente por nuestro colectivo, y se cercena claramente la posibilidad de jubilación anticipada del personal docente, la llamada “jubilación LOE”.
• ¿Era este el espíritu de los compromisos adquiridos en el famoso Acuerdazo Gobierno-Sindicatos del año 2009?
• ¿Dónde están los compromisos adquiridos tras la firma del nefasto EBEP?
• ¿A cambio de qué nos venderán nuevamente los Sindicatos representativos en la Mesa General?
• ¿Hasta dónde vamos a tener que seguir aguantando
