24 Junio
24 Junio 2025 por FEUSO | Actualidad
Reproducimos la entrevista a Antonio Amate, secretario general de la Federación de Enseñanza de USO, al diario La Nueva España.
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En plenas protestas de la enseñanza concertada, Antonio Amate, secretario general de USO, uno de los sindicatos convocantes de la manifestación del pasado jueves, explica los problemas a los que se enfrenta este tipo de enseñanza en toda España.
—¿Cuál es la situación de la enseñanza concertada a nivel nacional?
Asturias está siendo pionera en la movilización, pero no es la única. En Cataluña ya están calentando motores, también hay movimientos en Galicia, Extremadura... La cosa se va moviendo. El problema es que el Ministerio de Educación está totalmente ausente. El secretario de Estado (Abelardo de la Rosa) ha convocado las mesas sectoriales de la enseñanza pública y de la concertada, pero sin agenda ni calendario. En un desayuno de trabajo en Madrid dijo que primero intentará resolver lo que pueda en la pública, aunque no hay fondos. Y después, "ya veremos" con la concertada. Es decir, el Ministerio está totalmente fuera de juego.
—La falta de Presupuestos Generales, ¿influye?
Sí, porque la clave es la financiación pública. Sin ella no hay libertad de enseñanza ni derecho a la educación. Los complementos salariales los ponen las comunidades autónomas, que son las que realmente negocian la equiparación con la pública. Pero el Estado no ha refinanciado los módulos básicos. Debería hacerlo, pero no lo hace.
—¿La enseñanza concertada a quién beneficia?
A todos. La escuela concertada está sostenida por dos pilares: el copago de las familias, porque la gratuidad no es total -aportaciones que van desde los 20 hasta los 300 euros- y la sobrecarga laboral del profesorado, que trabaja más horas por menos salario. Resultado: todos ganan... menos los profesores.
—¿Cuáles son los principales problemas de la concertada?
Aunque desde fuera lo más visible es el sueldo, lo que más pesa es la jornada. En Secundaria pública, hacen 18 horas semanales. En la concertada se parte de 25, pero se llega a 27, 28 o hasta 29. Esto ocurre porque en la concertada hay menos profesorado para cubrir las mismas necesidades. No es que los niños tengan más clases, sino que hay menos plantilla. En la pública se paga una plantilla más amplia, y eso permite menos carga lectiva por docente.
—Esto genera desigualdades entre los alumnos.
Claro, es algo que no solo afecta a los docentes. También al alumnado, que recibe una atención desigual. El profesorado de la concertada se agota antes, porque tiene muchas más horas semanales. Y, además, hoy en día la educación es más compleja: hay más inclusión, diversidad, necesidades... La carga laboral ha aumentado muchísimo sin mejorar en condiciones ni es recursos para poder atender a los alumnos correctamente. La intensificación de la jornada es brutal.
—¿De quién dependen todas esas mejoras laborales?
La dotación de plantillas depende de los gobiernos regionales. Es decir, cuántas horas de docencia se pagan por unidad concertada. Si no se paga una plantilla suficiente, no se puede reducir la jornada. Todo se basa en el interés económico. La concertada permite a la Administración escolarizar a menos coste: un 30-35 por ciento más barato que la pública. Es un sistema útil, pero maltratado por la falta de financiación.
—¿Las negociaciones en la enseñanza pública aumentan la brecha?
Claro. Pero nosotros no tenemos ningún problema con la escuela pública. Queremos que todos tengan lo necesario. Pero cuando llegaron los recortes en 2012, a la pública le subieron la jornada a 20-22 periodos. Ahora ya han revertido esos recortes. En el Consejo Escolar del Estado propusimos también revertir en la concertada. No se aceptó. Algunos sindicatos votaron en contra. Está en las actas.
—Asturias es pionera en estas movilizaciones.
Sí, y por eso hemos venido a apoyar a los compañeros. Son pioneros, pero también son la cola del vagón de la concertada. Y eso, pese a tener los mejores resultados académicos del país. El último acuerdo que se firmó en el Principado fue en 2007, y terminó en 2009. Desde entonces, nada. Y, mientras tanto, se han ido multiplicando las exigencias: tareas administrativas, formación, atención a familias... todo se suma. Y sin dotación ni financiación, no se pueden mejorar las condiciones. El secretario de Estado habla de "equiparación progresiva", pero esto está pendiente desde 1985, que fue cuando se creó este tipo de red, por cierto, con un gobierno socialista. No es algo nuevo.
